Nada debe justificar la violencia; tiene que ser evitada y si se consuma, condenada. Sin embargo, quienes gobiernan tienen la obligación de advertir los niveles de malestar social e interpretar por qué ese descontento muchas veces deriva en el uso de la fuerza física.
La agresión a un funcionario bonaerense por parte de trabajadores de paro luego del asesinato de un compañero de trabajo no hace otra cosa que reflejar el creciente clima de hartazgo que la sociedad argentina soporta por la inoperancia de sus autoridades.
Es que la delincuencia supera ya cualquier escalón de tolerancia. El asesinato de un conductor de colectivo en plena madrugada y ante la mirada de sus pasajeros, junto al despojo de pertenencias a parte de los mismos, habla del grado de cinismo y falta de humanidad que invade a quienes a diario delinquen.
Luego, la reacción de los conductores de ómnibus a raíz de la mortal agresión también tiene su explicación. El asalto violento a unidades de transporte es una modalidad que crece en distintas zonas del país, en especial en el conurbano bonaerense, colocando automáticamente a los choferes a merced de los delincuentes armados que suben a sus unidades.
Al paro y corte de calles y rutas dispuesto por gran parte de los colectiveros se le fue sumando el descontento general de la gente, que también vive sometida al accionar de los delincuentes.
Nadie escapa a la indefensión. No se trata de una sensación.
Las encuestas dan cuenta de que, nuevamente, la inseguridad ha pasado a ser en todo el país uno de los mayores motivos de preocupación de la ciudadanía, dato que no deja de sorprender si se tiene en cuenta el flagelo creciente para la población que significa vivir en un contexto agobiante de crisis económica y social, como el actual.
Para agravar el cuadro, y como parte de sus constantes puestas en escena, el ministro bonaerense Sergio Berni adoptó una actitud riesgosa que pudo tener consecuencias mucho peores sobre su persona y sobre los pocos que lo acompañaban al pretender encarar prácticamente sin custodia la tensa escena. Una subestimación imperdonable.
Y algo mucho peor: lejos de reconocer su irresponsable actitud y la nula efectividad de la política de seguridad a su cargo, y parcialmente repuesto de los fuertes golpes recibidos, el funcionario bonaerense salió luego a criticar el procedimiento de los policías de la ciudad de Buenos Aires que lo rescataron de la turba y sembró sospechas de una suerte de complot en su contra y del gobierno al que pertenece por cuestiones meramente políticas.
Resultado: una desafortunada discusión mediática que nada bueno aporta. Más intercambio de críticas por parte de políticos a los que la gente cada vez menos soporta. Y ninguna solución a la vista para la demanda de los conductores en riesgo.
Los dirigentes, sin distinción de ideologías y pertenencia partidaria, deberían tomar nota del nivel de hartazgo social creciente que invade a la sociedad argentina. Con más razón por tratarse de un año electoral.
Aunque ya bastante lejana en el tiempo, la crisis de credibilidad de principios de siglo en la Argentina no debería ser subestimada ante el crítico panorama actual.
