Los últimos informes de las consultoras y organismos internacionales terminaron por poner negro sobre blanco la crisis económica en la Argentina, en contraste con el fallido optimismo de funcionarios del Gobierno nacional.
El Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del 2%, una inflación anual de 60% y un descenso del déficit fiscal al 1,9% en relación con el 2,5% registrado el año anterior. Tales proyecciones fueron destrozadas por la realidad, que se empeñan en minimizar altos funcionarios.
El Banco Mundial modificó su proyección de crecimiento a una caída de 2%, es decir, un cambio de dos puntos porcentuales en relación con el anterior análisis, que proyectaba un crecimiento cero. El organismo debió reconocer que el cambio obedece “a varios riesgos de deterioro” en los países latinoamericanos y del Caribe por el decrecimiento global a partir de políticas restrictivas para bajar inflación.
Cuando los países de mayor desarrollo reducen el consumo de sus habitantes para contener la suba de precios, afectan a los productores de materias primas y de bienes semiindustrializados, como la Argentina.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que reúne a los países de más expansión, prevé una caída del 1,6%. El principal dato radica en que la entidad advirtió que “no existe un ancla formal” contra la inflación.
La suba incontenible de precios destrozó las proyecciones más negativas, ya que la inflación interanual ya superó con holgura los tres dígitos. También el Gobierno omitió reducir el déficit fiscal y avanzar en políticas que tornen al Estado más eficiente, que evite duplicar esfuerzos y gastos con las provincias y los municipios. La máquina para emitir dinero siguió funcionando a pleno para facilitar las políticas clientelares de la administración central y de los gobiernos que responden al Estado nacional.
Ese exceso de pesos por sobre la producción de bienes y servicios se usó también para duplicar los planteles en los organismos oficiales y empresas públicas, además de la creación de áreas injustificadas.
La gestión de Alberto Fernández carece de los dólares necesarios para sostener el pago de servicios imprescindibles, como el alquiler de aviones por parte de las empresas low cost de cabotaje interno. Al exhibir la escasez de reservas genuinas, el Gobierno dispuso también que los pagos por la importación de vehículos que no se fabrican en el país fueran cancelados recién dentro de 195 días, “paga Dios” para la próxima administración.
El descalabro en las cuentas oficiales alienta la inflación y una mayor caída de la actividad económica, todo lo cual ahonda la crisis social, con más pobreza y miseria. Los funcionarios deberían ahorrar energía en la batalla dialéctica que protagonizan para defender la gestión y dedicarla, por contrapartida, a encontrar las soluciones que devuelvan a la Argentina a la senda del crecimiento.
