Un relevamiento de la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) señala que en enero de 2022 se registraron unos 24 femicidios en el país: 19 mujeres asesinadas; tres casos de femicidios vinculados –el asesinato de dos niños y de una niña, con el objetivo de dañar a sus madres–, y dos trans-travesticidios.
Eso no fue todo. Por un lado, el informe alerta sobre al menos ocho muertes violentas de mujeres, asociadas a cuestiones de género pero vinculadas a otros delitos, como narcotráfico y extorsión.
Por el otro lado, contabiliza 28 intentos de femicidios.
El reporte agrega que, además de que algunas madres perdieron a sus hijos, 29 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres.
El femicidio es un delito aberrante que demanda una serie de acciones políticas bien definidas y sostenidas en el tiempo.
Ello requiere importantes partidas presupuestarias, porque otorgar derechos, garantizar su cumplimiento y prevenir crímenes son acciones costosas en todos los niveles del Estado y en todos sus poderes.
Sólo el 20 por ciento de las mujeres asesinadas el mes de enero había denunciado a su agresor. Redondeando, apenas cuatro de 19: en tres de esos casos regía una orden de restricción de contacto, pero una sola de las cuatro tenía botón antipánico.
En otras palabras, hacen falta oficinas especializadas para que las mujeres puedan presentar sus denuncias.
Se trate de despachos policiales, judiciales o dependientes de los gobiernos locales, los centros de atención a las víctimas de violencia de género deben multiplicarse y contar con equipos multidisciplinarios para contenerlas.
Tiene que haber botones antipánico para todas ellas y personal de seguridad que pueda hacer cierta vigilancia de las medidas restrictivas que estén vigentes.
Y hacen falta campañas de sensibilización pública, no sólo para deslegitimar culturalmente la violencia masculina sino también para que las mujeres puedan identificarse como víctimas y sepan a dónde dirigirse para denunciar a sus agresores.
Agresores a los cuales conocen y temen exactamente por eso, en casi todos los casos: según Mumala, el 55 por ciento de los femicidios de enero fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas; un 15% eran conocidos; otro 15%, familiares directos; y un 5%, familiares indirectos. Los agresores desconocidos son una ínfima minoría.
La vivienda de la víctima o la casa compartida con el agresor es, por lo general, el espacio que concentra una alta proporción de femicidios: entre los de enero, el 65%. Y uno de cada tres, sin importar el lugar, ocurrió a la madrugada.
Si es posible detectar todos estos rasgos del femicidio gracias a la labor de una organización social, ¿cuánto más podríamos saber si la estadística fuese oficial?
En esta como en otras cuestiones, los datos permiten diseñar políticas preventivas.
