El Consejo Federal de Educación pospuso una vez más, ahora hasta fines de mayo, el lanzamiento de un plan de alfabetización, porque la Nación no definió aún si aportará fondos.
El comunicado que informó la nueva postergación parece redactado para cubrir de ambigüedad la cuestión, pero no puede evitar destacar que el plan, ya consensuado entre las 24 jurisdicciones, resulta prioritario en la agenda educativa.
La declaración admite que hay acuerdo sobre “los objetivos propuestos” para el plan de alfabetización y “sobre la prioridad de esta política”, pero como aún no se han definido “aspectos operativos de la implementación, fundamentalmente en clave de financiamiento, se establece en 20 días el próximo encuentro”. Mientras tanto, se estableció “continuar las reuniones bilaterales, apuntando a trabajar en cada jurisdicción su situación particular”.
En otras palabras, los ministros de Educación provinciales tienen claro que el país necesita relanzar con urgencia un programa de alfabetización y están de acuerdo con los objetivos que se perseguirán con esta política, pero el Gobierno nacional no se muestra dispuesto a aportar dinero para ponerlo en marcha.
En estos términos ya había concluido la reunión de febrero, que fue cuando los ministros provinciales acordaron “garantizar el desarrollo de los niveles de lectura y escritura apropiados para los estudiantes de tercer grado, garantizar oportunidades equitativas de alfabetización como motor para la aceleración de aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado y desarrollar dispositivos de seguimiento y evaluación que permitan mejorar la calidad y equidad de la educación”.
¿Por qué este programa resulta prioritario? Porque según las últimas evaluaciones internacionales avaladas por la Unesco, en nuestro país el 46% de los alumnos de tercer grado no entienden lo que leen, cifra que asciende al 61,5% entre los estudiantes de menor nivel socioeconómico.
Si se leen los resultados de esas evaluaciones en el sentido inverso, solo uno de cada 10 alumnos argentinos se ubica en el nivel de desempeño más alto en lectura, mientras que para la región sudamericana el promedio es el doble (dos de cada 10), y en países como Brasil y Perú, tres de cada 10 alcanzan el nivel más alto.
El problema de la falta de comprensión lectora se proyecta y se agrava con el tiempo, a pesar de los años de escolarización: en las pruebas Pisa 2022, tomadas a estudiantes de 15 años, en el nivel socioeconómico más bajo, siete de cada 10 no alcanzaron el nivel mínimo de lectura; y en el nivel socioeconómico más alto, tres de cada 10 tampoco lo alcanzaron.
En consecuencia, no resulta lógico que una política específica para abordar el problema se posponga una y otra vez porque el Gobierno nacional no decide qué nivel de participación tendrá en su financiación.
¿Acaso está pensando en repetir finalmente el argumento con el que dio de baja el fondo de incentivo docente y otros acuerdos fiscales vinculados al área educativa? Que la educación obligatoria (niveles inicial, primario y secundario) esté en la órbita de las provincias no es argumento suficiente para que la Nación se desentienda de la suerte educativa de sus habitantes.
