El gobierno nacional acaba de encarar un cambio de política significativo con relación a los hechos de corrupción en la función pública. Desde el Ministerio de Justicia se instruyó a la Oficina Anticorrupción para que se realice un relevamiento de las causas que se encuentran en etapa de instrucción en la Justicia Federal Penal, de modo que el Estado vuelva a ser querellante en todas ellas. Falta determinar si se extenderá dicho pedido a la Unidad de Información Financiera y otros organismos de control.
Se trata, principalmente, de 32 expedientes a los que durante la presidencia de Alberto Fernández la Oficina Anticorrupción decidió no mantener la acción penal en causas que vinculaban directamente a la familia Kirchner, funcionarios y allegados. Entre ellas se encontraban las causas conocidas como Hotesur, Los Sauces, Cuadernos, Odebrecht y la de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Se trata del mismo organismo que en la gestión previa de Mauricio Macri había tomado la decisión de llevar esos casos a la Justicia.
La decisión de dejar la querella fue tomada por el anterior gobierno pocos meses después de su asunción. En ese momento desde la Oficina Anticorrupción se argumentó, llamativamente, que dicha dependencia nunca debió constituirse en querellante en las referidas causas.
Con esa acción, que fue muy criticada por la oposición de entonces, se cumplieron lineamientos dados por quien estaba a cargo de la presidencia del país, Alberto Fernández, que puso en tela de juicio la veracidad de los argumentos utilizados en las acciones interpuestas ante la Justicia Federal, sin valorar que como consecuencia de dichos procesos judiciales ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015 terminaron procesados, enjuiciados y hasta presos.
Claramente, los argumentos vertidos durante la gestión presidencial anterior para renunciar a la función de querellante resultaban difíciles de asimilar, ya que se amparaban en una supuesta vulneración de atribuciones e incumbencias del organismo encargado de observar que los hechos de gobierno no dejen ninguna sospecha de comisión de ilícitos. Lo que salía a la luz entonces era una nueva estrategia para ocultar irregularidades en la función pública y, fundamentalmente, dejar a salvo a sus responsables.
Recuérdese que en los fundamentos de la causa de la obra pública, en la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales sostuvieron que se puso en evidencia “una de las matrices de corrupción más extraordinarias desarrolladas en la Argentina”.
Por lo tanto, es importante que el gobierno nacional haya adoptado esta postura, porque la transparencia en las decisiones políticas y el manejo de los fondos del Estado es algo que en la Argentina debe quedar permanentemente instalado.
En este caso se ve involucrado un sector de la política con fuerte apego al poder durante prácticamente dos décadas, pero el contralor contra la corrupción debe extenderse en forma transparente hacia todas las gestiones.
En tal sentido, la actual administración, que tanto énfasis puso en la campaña electoral sobre la necesidad de transparentar la actividad política y sus alcances, debería esforzarse por buscar los consensos necesarios para que de una buena vez la ciudadanía sepa que quienes la representan en los poderes del Estado gozan de buenos antecedentes y del control de gestión pertinente.
