Fortalecer el trabajo interdisciplinario e intersectorial es determinante para avanzar en mejoras y transformaciones en el ámbito de la salud mental, un capítulo muy difícil y complicado en el campo sanitario nacional.
En el reciente Día Mundial de la Salud Mental, estuvo presente el importante objetivo de concientizar acerca de los problemas de este origen en nuestro país.
Nunca será suficiente lo que se haga en la atención de esta complicada realidad.
El Gobierno nacional anunció hace varios meses la puesta en marcha de una batería de medidas en salud mental y un incremento del presupuesto del al área, que, según datos oficiales, pasará de 3.700 millones de pesos a 7.660 millones de pesos.
La implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que prevé, entre otros aspectos, la externación de personas internadas en hospitales psiquiátricos, es un aspecto central. Ya se ha impuesto que el encierro no cura, por lo que se busca reemplazar las instituciones monovalentes, es decir, las que solo tienen la especialidad de psiquiatría. Otras acciones serán: optimizar el funcionamiento de la telemedicina y de programas de interconsulta y la ampliación de las residencias interdisciplinarias en salud mental en 12 jurisdicciones.
Además, el Ministerio de Salud articulará con otras carteras.
En este sentido, el plan prevé encargar la construcción de 2.000 viviendas asistidas para alojar a las personas que hoy se encuentran en instituciones psiquiátricas.
También tendrán participación el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Conicet, ya que ambos harán un relevamiento de todas las investigaciones en salud mental.
Por eso resultó auspicioso que desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet), se haya visto la salud mental de modo interdisciplinario y con una perspectiva de derechos humanos.
Se habla ahora de proteger, supervisar y monitorear los DDHH de las personas usuarias de los servicios de Salud Mental y controlar la cumplimentación de la ley en cada jurisdicción del país.
Se reconoce, y pensamos que, para bien, que las personas con padecimiento mental conforman un grupo poblacional caracterizado por su particular situación de vulnerabilidad, y que, paradójicamente, fueron y aún hoy son, víctimas de prácticas y atención basadas en el encierro, la exclusión social y otras violaciones a los derechos humanos.
Se intenta que la atención del paciente se pueda realizar dentro del ámbito comunitario al que pertenecen hombres y mujeres que sufren estos trastornos.
Por eso, aunque todavía subsiste en algunos lugares, va imponiéndose el abandono del modelo manicomial como elemento central de abordaje de las problemáticas de salud mental en oposición a las de prácticas de índole comunitaria.
Dado que la salud mental es un campo complejo y multideterminado por factores culturales, históricos, sociales, psicosociales y también biológicos, las modernas concepciones determinan la necesidad de un abordaje interdisciplinario que considere la intersección de lo psíquico y social.
En Mendoza, la Dirección de Salud Mendoza y Adicciones, con su directora Elizabeth Liberal al frente, se esfuerza por atemperar el padecimiento de personas con sufrimiento psíquico y el de sus familias. Esto se observa en el trabajo de los equipos de salud mental, tanto de hospitales, centro de salud y dispositivos infantojuveniles como de los centros preventivos y de adicciones y de internación adolescente. En esas unidades se observa el diario esfuerzo que realizan profesionales y auxiliares para dar respuestas a una problemática que como se ha definido es muy compleja por lindar con la angustia, la incertidumbre, el miedo y la ansiedad y la afectación al que padece el mal y, a veces, a terceras personas.
