El Gobierno nacional anunció que se realizarán auditorías para determinar si existe un elevado número de pensiones por invalidez mal otorgadas por la anterior administración nacional, colocando en ese caso al Estado frente a una importante erogación que no corresponde realizar.
Por el lado del kirchnerismo salieron rápidamente a desmentir la versión del gobierno nacional, argumentando que lo que anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, forma parte de una estrategia para bajar dichos beneficios con el argumento de un ahorro en las cuentas públicas.
Según lo expresado por el portavoz gubernamental, el Poder Ejecutivo pedirá la citación de más de un millón de pensionados con el propósito de comprobar la legitimidad o no del beneficio dispuesto en su momento por el Estado. Creen las actuales autoridades nacionales que el gobierno anterior montó una red de otorgamientos en el que habrían participado intendentes, médicos, prestadores y los habitualmente llamados punteros políticos. Se apoya el Gobierno en una reciente denuncia presentada por un fiscal federal, pidiendo la investigación de conductas delictivas en el otorgamiento de pensiones.
Según lo informado, se convocaría por carta documento a todos los beneficiarios para que un profesional médico designado compruebe el grado de discapacidad de la persona, lo que sumado a una revisión del perfil socioeconómico en cada caso llevará a determinar si corresponde o no que el Estado continúe otorgando la ayuda.
Queda claro que la revisión de la legitimidad de las pensiones por invalidez otorgadas en los últimos años se enmarca en la política de austeridad y optimización en el uso de los recursos públicos que lleva a cabo la actual administración nacional desde que llegó al poder. Sin ninguna duda la verificación de legitimidad constituye un procedimiento correcto, con más razón mediando una denuncia judicial como la que se mencionó. Por otra parte, el desembolso anual es considerable.
Como antecedentes debe tenerse en cuenta el control sobre las erogaciones por ayuda social que dispuso el nuevo gobierno, también a poco de hacerse cargo de la administración del Estado, en dicho caso poniendo el foco en el funcionamiento de las organizaciones sociales que recibían millonarias sumas para administrarlas y de ese modo asistir a millones de personas de escasos recursos. En este caso la Justicia Federal es la que deberá determinar cómo fue el manejo que se hizo de dicha plata. Es la que lleva adelante los casos de presunta corrupción entre populares agrupaciones piqueteras.
Volviendo al tema de las pensiones por invalidez, según las autoridades, hasta 2003 existía en el país un número estanco de adjudicaciones, ya que era bastante exigente el mecanismo de otorgamiento. Sin embargo, desde ese año se dio paso a una flexibilización en la adjudicación de beneficios que amplió considerablemente las posibilidades de acceso, hasta llegar al actual número.
De todos modos, cabe esperar que el Gobierno realice un manejo prudente en caso de concretarse la anunciada revisión de las 1.200.000 pensiones otorgadas. El reacomodamiento de la economía que originan las actuales medidas de ajuste fiscal de ningún modo debería generar inequidades, teniendo en cuenta la ayuda que supone el cobro de una pensión para quien realmente no puede valerse por sus propios medios.
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