Un diputado peronista de Corrientes recibió un disparo el jueves pasado, mientras participaba del acto de cierre de la campaña electoral en una pequeña localidad, en la antesala de las elecciones de autoridades provinciales, realizadas el domingo.
De inmediato, tanto a nivel local como nacional, el peronismo trató de responsabilizar al gobierno radical, que supuestamente habría fomentado y amparado cierto nivel de violencia.
Cuando aún no había la más mínima precisión sobre lo ocurrido, un dirigente de peso en el peronismo correntino vinculó el hecho con una caravana radical que, casualmente, pasaba por el lugar.
Por esa asociación, tácitamente se apuntaba a que el agresor sería un militante oficialista.
En realidad, aunque el victimario no haya sido identificado todavía, las diferentes hipótesis sobre las que gira la investigación en curso parten de un disparo de cercanía con una pistola calibre 22.
Es más: por el bullicio propio del acto, en las imágenes que se analizaron, no se escucha la detonación del arma.
El diputado se da cuenta de que fue baleado cuando se toca el abdomen, lo que también indicaría que ninguno de los dirigentes que estaban sobre el escenario advirtió que alguien, desde el público más cercano, apuntaba contra uno de ellos.
Por supuesto, más allá de las intenciones que haya tenido el agresor, son acciones que deben repudiarse con fuerza desde todos los sectores políticos, incluido el peronismo en el que milita la víctima, en vez de intentar aprovecharse de la situación, culpando sin fundamentos al principal adversario.
En este sentido, podría decirse que la sociedad correntina no avaló las imprudentes acusaciones del peronismo y votó mayoritariamente por el gobernador Gustavo Valdez, que iba por la reelección. El radical obtuvo más del 75 por ciento de los votos.
Ahora bien, queda por dilucidar el fondo de la cuestión.
Como es lógico, se requiere una profunda y meticulosa investigación, que avance lo más rápido posible, para que se pueda saber la verdad de lo acontecido y que el agresor sea juzgado.
¿Por qué una persona va a un acto político con un arma?
¿Cuáles son los motivos por los que está dispuesta a atacar a un político, en medio de la multitud?
Tal vez los investigadores no estén haciéndose estas preguntas, pero deberían ser las que se dirijan a sí mismos tanto los líderes del peronismo correntino como el resto de la dirigencia política.
¿Es un caso extraordinario o estamos frente a un hecho que podría ocurrir en cualquier otro punto del país?
La pregunta que conduce la investigación es relativamente distinta: ¿el diputado herido era su objetivo, o el agresor erró el disparo, ya que tenía otro destinatario?
Para dilucidar el asunto, sería necesario encontrar un móvil.
Lo que, a su modo, nos coloca de nuevo frente a las inquietantes preguntas anteriores: ejercer la violencia no sólo es un delito penal; cuando se la dirige contra un político, viola las reglas básicas de la democracia.
Por experiencia histórica sabemos que una vez que se deja correr la violencia política, intentar detenerla implica una dificultad tremenda.
