La reciente cumbre del Mercosur, realizada en Puerto Iguazú, renovó la polémica existente en la región sobre el gobierno dictatorial de Venezuela. Esta vez el disparador de la discusión fue la resolución adoptada por las autoridades de Caracas con respecto a la candidatura de la nueva líder opositora, María Corina Machado.
El informe del gobierno de Maduro, dado a conocer, insólitamente, a través de un diputado oficialista, fue la prohibición de ejercer cualquier cargo público por el período de 15 años, “de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la ley Orgánica de la Contraloría General de la República”, según lo que dijo el legislador chavista José Brito al hacer pública la novedad.
Se refiere el gobierno de Maduro a una supuesta investigación del patrimonio de Machado que justificaría la sanción que se resolvió aplicar. El mecanismo resulta totalmente anómalo, ya que cualquier procedimiento ajustado a derecho derivaría en una denuncia por parte del Estado, a través del organismo que investigó y detectó el supuesto enriquecimiento, para derivarlo a la Justicia, lo cual en Venezuela no existe. Esta es una de las razones por las que se puede calificar con toda seguridad al régimen de Maduro como dictatorial.
A propósito de este nuevo escándalo, en la cumbre de presidentes de países del Mercosur los jefes de Estado de Paraguay y Uruguay plantearon sus críticas, que fueron rechazadas y rebatidas por sus pares de Argentina y Brasil. Ante el planteo para denunciar a nivel internacional el lamentable desenlace, tanto Alberto Fernández como Lula Da Silva se opusieron y salieron en defensa del régimen de Maduro.
El líder brasileño afirmó que no tenía detalles sobre la denunciada inhabilitación de candidatos opositores al régimen del chavismo, mientras que Alberto Fernández sostuvo que el asunto “lo tienen que resolver los venezolanos a través del diálogo entre ellos”, postura por demás ilusa si se tiene en cuenta la censura que impera en aquel país.
La opinión posterior de un país como Chile, que es miembro asociado al bloque regional, parece haber inclinado la balanza a favor de la crítica que genera el autoritarismo del presidente venezolano.
El gobierno de Chile, coherentemente crítico desde que asumió el presidente Boric, se expresó a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien señaló que “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Los procesos electorales deben ser libres y justos, sin restricciones ni exclusiones de candidatos. Apuntó que al gobierno trasandino le preocupan “los retrocesos que se observan a este respecto en varios países hermanos de la región”. Y remató: “Obviamente, me refiero a casos de exclusión administrativa y discrecional. No a sentencias judiciales en países donde impera el estado de derecho”. No mencionó el caso puntualmente, pero hizo una clarísima alusión que no dejó dudas.
En lo que compete a la Argentina, es lamentable que una vez más el actual gobierno haya adoptado una postura de apoyo a los mecanismos autoritarios del gobierno de Maduro, sumándose al aislacionismo internacional creciente que generan sus acciones.
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