En el juego del poder en la Argentina, quien gobierna se lleva todo: no basta con colonizar hasta el más insignificante organismo estatal saturándolo de empleados innecesarios mientras se manejan cajas multimillonarias que asegurarán las aventuras políticas de mañana; es necesario ocupar hasta el último rincón que puede resultar lucrativo o estratégico para quienes lo dominen.
Si vamos de lo general a lo particular, ya hay quienes están trabajando para que nada escape a la gigantesca aspiradora de quienes entienden el ejercicio del poder como un emprendimiento destinado a maximizar ganancias. En ese esquema, nada es lo suficientemente pequeño como para ignorarlo.
Ahora las campanas tocan a rebato por los registros del automotor, un negocio magnífico que siempre estuvo destinado a los amigos del poder político. Al punto de que sus titulares vitalicios se aseguran una jugosa renta que dura toda la vida, en un país en el que adquirir o transferir un automóvil no sólo es burocráticamente engorroso, sino que, además, origina sobrecostos formidables en quienes medran en la Nación, las provincias, los organismos recaudadores y hasta las concesionarias, tanto como para corroborar que somos talentosos militantes de la industria del impedimento y del lucro inexplicable.
Un minucioso trabajo de la jueza federal María Pandolfi, de Neuquén, quien repuso en sus funciones a una interventora de un registro neuquino apartada por la autoridad nacional, puso a la luz un plan destinado a desplazar de sus funciones a todos los interventores designados entre 2015 y 2019, durante el gobierno macrista, con el claro objetivo de crear las vacantes necesarias para hacer lugar a las demandas de amigos y favorecidos.
Por cierto, no se trata sólo de una práctica del kirchnerismo, sino de una constante de todos los gobiernos: si se repasa el listado de la totalidad de los registros del país, se verá una constelación de nombres, entre quienes destacan exfuncionarios de toda laya, amén de parientes y amigos, favorecidos por la regla de tres simple de estar cerca de un funcionario poderoso.
En los últimos tiempos, y según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, cartera a cargo de Martín Soria, se realizaron 122 auditorías a diferentes registros intervenidos y, por rara casualidad, el 92% de estas se hicieron sobre registros intervenidos en el período 2015/19, lo que llevó a la jueza Pandolfi a pensar atinadamente que detrás de las decisiones hay intereses específicos.
Lo que está en juego no es menor: 1.556 registros produjeron en el primer semestre del año en curso 34.500 millones de pesos, un número que se proyecta anualizado a unos 70 mil millones, un bocado tan apetecible que explica fácilmente la apasionada sucesión de auditorías ordenada por la autoridad nacional competente.
Nada nuevo, por cierto, sino otra prueba de que para no pocas personas la política, la función pública y el poder son nada más que ocasiones servidas para el expolio.
Desde hace mucho tiempo, décadas diríamos, los medios de comunicación vienen denunciando incluso con nombre y apellido esta práctica prebendaria, pero desde el poder no acusan más respuesta que la de seguir otorgando registros a parientes y amigos con creciente impunidad.
