Los empresarios que conforman AEA, Asociación Empresaria Argentina, dieron un firme apoyo a los diez puntos que acordaron el Ejecutivo Nacional y 18 gobernadores provinciales en el denominado Pacto de Mayo, firmado en Tucumán, y pidieron reformas estructurales en el funcionamiento del Estado, en sintonía con los lineamientos de la actual gestión nacional.
Estas definiciones empresariales se realizaron en el marco de las conversaciones que encaró el gobierno nacional con sectores privados y gremiales para conformar el Consejo de Mayo, que tendrá como objetivo viabilizar los diez puntos del Pacto suscripto recién el 9 de julio.
Los referentes de AEA destacaron tener “amplias coincidencias con los contenidos del Acta de Mayo. Específicamente, respecto de la inviolabilidad de la propiedad privada, asegurar el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la reducción de la muy alta presión tributaria, la necesidad de avanzar en una reforma previsional y en una actualización de las normas laborales”.
Otros tópicos en los que mostraron coincidencias se refieren a la necesidad de priorizar la educación inicial, primaria y secundaria; redefinir el modelo actual de coparticipación de impuestos “y en que la Argentina participe más activamente del mercado internacional”.
Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT), que había reabierto el diálogo con el gobierno nacional mediante una reciente reunión de su cúpula directiva con el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, decidió hace un par de días no concurrir a la primera reunión del diálogo social convocada para una fecha próxima por el Gobierno con la presencia de los empresarios nucleados en el denominado Grupo de los Seis.
Esta decisión, además de sorprender, deja dudas, al menos en lo inmediato, con respecto a la plena conformación del Consejo de Mayo. En efecto, la CGT estaría expresando mediante esta decisión de no concurrir a la cita con el Gobierno y empresarios la gravitación de una puja interna entre sectores de gremialistas dispuestos al diálogo y otros que directamente prefieren mantener distancia con las medidas que busca implementar el gobierno del presidente Milei.
Sería lamentable que mermara la expectativa generada por la firma del Pacto de Mayo, que reúne características muy específicas en cuanto al compromiso de una reformulación estricta en manejo y objetivos del Estado.
El gremialismo representado en la CGT debe advertir que, según datos oficiales, a fines del año pasado la informalidad laboral en la Argentina (básicamente, asalariados no registrados o cuentapropistas no profesionales) superaba el 45%, como resultado de una tendencia en tal sentido que se incrementó notablemente en los últimos siete años, con más fuerza desde 2019.
Bajar los costos de la economía es una de las premisas de las actuales autoridades. Se encuadra en el paquete desregulatorio con el que insiste el gobierno nacional. Especialistas remarcan y recuerdan que en materia de asociaciones sindicales ha habido pocas modificaciones de tipo legal en los últimos años, mientras que muchos de los convenios colectivos de trabajo que están en vigencia no modificaron en absoluto, o mínimamente, sus redacciones originadas en la década de los años ‘70.
Una posible flexibilización de la legislación laboral sólo debería interpretarse como una vía de escape para una realidad que neutraliza esfuerzos para una sana convivencia entre empresas y gremios.
