Con el reciente envío a la Legislatura del proyecto de reforma de la Constitución, el gobernador de la Provincia planteó formalmente un debate de enorme responsabilidad institucional por la trascendencia histórica que contiene.
La vocación reformista fue uno de los pilares de la campaña electoral de Rodolfo Suárez y esa intención fue confirmada por el titular del Poder Ejecutivo al inaugurar el período anual de sesiones legislativas. Esta remisión del proyecto de ley declarando la necesidad de reforma exige a senadores y diputados a una instancia que puede ser histórica para Mendoza.
No cabe duda de que Suárez enfrenta un desafío enorme porque varios de sus predecesores fracasaron en el intento de aportar nuevos contenidos a la Constitución. Es, por lo tanto, una propuesta que merece un debate profundo y que sea todo lo extenso que deba que ser, ya que toca aspectos esenciales desde el punto de vista institucional que están aferrados a la tradición cívica de Mendoza, que constituye, a su vez, un signo distintivo de nuestra provincia.
En nombre de un ahorro sustancial en el costo de la política se plantean varios cambios que pueden tener enorme gravitación. Uno es la unicameralidad. Si se llegase a concretar la idea de tener una Legislatura con una sola Cámara, deberá garantizarse el nivel de representatividad de cada uno de los departamentos de la provincia y de sus habitantes, falencia que, justo es reconocerlo, se observa desde hace años con el actual sistema bicameral.
En todo caso, aquella falta de representatividad no fue por culpa del funcionamiento de dos Cámaras. La existencia del Senado y la Cámara de Diputados no surgió de una decisión arbitraria de los constitucionalistas, no se trata de algo antojadizo. Es un sistema parlamentario que debe asegurar una mejor toma de decisiones a través de la revisión de los proyectos de ley. Este detalle deberá ser valorado y asegurado.
Otro detalle que puede ser controversial es la supresión de la elección legislativa “de medio término”, es decir, dos años después de la elección de gobernador. Ha quedado demostrado que esa convocatoria a las urnas sirve como pronunciamiento de la ciudadanía con respecto a la marcha del gobierno de turno. De ese modo también se asegura el equilibrio de fuerzas, una premisa para el necesario consenso político.
Por todo esto es válido que haya algunas dudas sobre los alcances del ahorro pregonado con el proyecto. Esa disminución del gasto público siempre es bienvenida, pero también deberá demostrarse que las reformas que se impulsan aciertan en cuanto a la quita que se pretende imponer.
Es de esperar que una iniciativa de tan alto rango institucional haya llegado a debate en un momento oportuno. Sin despreciar la intención reformista, hay que observar que en este inusual 2020 la gente piensa prioritariamente en el cuidado de la salud y en las consecuencias económicas y laborales que la pandemia de coronavirus acarrea. En sintonía, los representantes del pueblo también deben priorizar las necesidades de la ciudadanía.
Por último, si las representaciones legislativas determinan que la propuesta del Poder Ejecutivo es viable, hay que desear fervientemente que estemos los mendocinos ante el inicio de un debate ciudadano extenso, en el que se busque un consenso que aún parece no existir. Una nueva Constitución sin consenso aportaría suspicacias que no merece nuestra tradición cívica.
