La labor desregulatoria del Estado que lleva a cabo el gobierno nacional suma aspectos importantes. No sólo se trata de la neutralización o eliminación de gastos excesivos o directamente innecesarios; con el recorte se puede llegar a comprobar el nivel de abuso de autoridad y desenfreno que tuvieron gobiernos anteriores con distintos sectores de la sociedad.
En los últimos días el Ejecutivo Nacional dispuso eliminar cien puestos de trabajo de la denominada Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se trata de un organismo de costoso mantenimiento creado por la recordada Ley de Medios, promovida por el kirchnerismo en el año 2009, durante su segunda gestión presidencial. La función de dicho ente es, porque aún no ha sido disuelto, recibir denuncias públicas contra periodistas independientes. Con el achique ordenado por el Gobierno, el organismo tendrá solamente 40 empleados y también será rematado un estudio de televisión móvil que tiene. El ministro Sturzenegger, a cargo de la desregulación del Estado nacional, señaló que con estas medidas se restringirá el uso del mencionado ente público, que estaba basado hasta el año pasado en la función de “herramienta de persecución”.
Como bien señaló el funcionario al fundamentar la medida adoptada, esta Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual surgió con la función principal de perseguir y doblegar al periodismo independiente tras la pantalla de la protección al público consumidor de noticias a través de medios audiovisuales, principalmente. Debe tenerse presente que la llamada Ley de Medios del kirchnerismo fue una de las más tenebrosas iniciativas públicas para intentar silenciar a los medios críticos y encaminar la voluntad popular hacia un pensamiento político único, dominante.
Sturzenegger denunció, incluso, que el estudio que saldrá a remate público era móvil y tenía la finalidad de recorrer la costa atlántica en los veranos con claros propósitos de adoctrinamiento partidario a personas jóvenes y pequeñas. Algo realmente muy lamentable.
Como bien señala el funcionario del Ejecutivo nacional, debe ser el Congreso de la Nación el que en lo sucesivo debata seriamente si la Argentina merece o necesita tener funcionando este tipo de instituciones persecutorias de las libertades ciudadanas y sumamente onerosas para el Estado.
Finalmente, al anunciar las acertadas medidas adoptadas con respecto a este cuestionable organismo heredado del kirchnerismo, a modo de comparación de estilos, el ministro Sturzenegger hizo una mención a críticas que le formulan al presidente Milei sobre su manera de referirse públicamente al periodismo. “El estilo del Presidente, en particular, es frontal, abierto y transparente”, dijo.
Al respecto, y por la mención al tema que hizo el ministro de Desregulación del Estado, queda claro que de ningún modo se puede poner en un plano de igualdad la estrategia persecutoria orquestada por las gestiones kirchneristas con ciertos arrebatos del actual primer mandatario. Sin embargo, es pertinente recomendar al jefe del Ejecutivo Nacional mayor moderación al momento de salir a cuestionar a periodistas críticos de sus decisiones, como viene ocurriendo con cierta frecuencia. Javier Milei no es, y seguramente no lo será, el primer y único presidente argentino con vocabulario enérgico y estilo confrontativo. Pero lo que debe imponerse siempre es el respecto al disenso, propio del sistema republicano que felizmente transita la Argentina.
