Desde el ámbito universitario y de institutos de la vivienda social, además de investigadores, rechazan, por considerarlo elevado, el recorte que se ha impuesto a la política de integración socio-urbana, que pasará de recibir el 9% del Impuesto PAIS a un 0,3%.
Este gravamen fija un tributo del 30%, tanto para las personas que compren divisas para atesoramiento, como para quienes usen tarjeta de crédito o débito para cancelar gastos o extracción de monedas o billetes extranjeros en el exterior.
Si bien el gravamen se implementó en 2019, desde 2017 se venían realizando distintas intervenciones dirigidas a mejorar la situación de los barrios populares, entre las cuales se pueden mencionar el reconocimiento de esas barriadas mediante el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), el Certificado de Vivienda Familiar como forma de otorgar seguridad en la tenencia a las familias, el programa de mejoramiento de viviendas Mi Pieza, generación de lotes con servicios y un sinnúmero de trabajos de mejoramiento del espacio público, dotación de servicios básicos como agua, cloacas y/o electricidad y construcción de espacios comunitarios.
Los datos más recientes indican que en nuestra provincia hay por lo menos 317 barrios populares en los que residen más de 20.000 familias, también denominados asentamientos o urbanizaciones informales, que a partir de ahora podrían correr el riesgo de empeorar o quedar sin la posibilidad de mejorar la infraestructura del espacio que ocupan y lograr que esos lugares se vinculen con la trama de calles y barrios, como una forma de brindar mejores posibilidades de vida en armonía con los tiempos que corren.
Como señalamos, la preocupación alcanza a todos los ocupantes de los barrios informales que se reparten en la geografía mendocina, ya que la idea es que todos accedan a una existencia mejor, pero sin duda la mayor preocupación tiene que estar puesta en niños y niñas que crecen en medio de privaciones muy grandes, con la amenaza de ver afectada su salud y su desarrollo integral.
En los últimos años se realizaron en todo el país más de 250 mil obras de mejoramiento de los asentamientos, con un alto porcentaje de finalización (82,4%). Estas intervenciones tuvieron un importante alcance territorial, llegando a la totalidad de las provincias de nuestro país, que de esa forma transformaron sustancialmente las condiciones de residencia de miles de familias, que estaban expuestas a vivir en sitios muy precarios y sin servicios básicos, como luz y agua potable, en algunos casos, y en otro lejos de los servicios médicos o soportando falencias en el acceso a medios de transporte público.
Nuestro medio publicó muchos artículos apoyando la gestión de introducir mejoras en lugares que con esos trabajos de equipamiento podrían mejorar sus condiciones de seguridad, dejando de ser espacios de infiltración del tráfico y venta de drogas.
Inclusive se ha registrado el reconocimiento a ese servicio de intervención urbanística en los barrios populares por parte de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BIRF) y ONU Hábitat.
Es, por lo tanto, pertinente que a través de la labor de los legisladores nacionales se reinicie el debate por la ayuda a miles de personas con fondos que estaban destinados a lograr un hábitat adecuado, con condiciones de vida saludables.
