El presidente Alberto Fernández inauguró el martes de la semana pasada las sesiones ordinarias del Congreso Nacional con un discurso plagado de buenas intenciones, a la vez que exhibió su debilidad en diferentes frentes de gestión.
Es loable la intención de desarrollar “nueve misiones industrializadoras”, que permitan a la Argentina potenciar el crecimiento con base en las ventajas comparativas que ofrecen las capacidades humanas y la abundante riqueza natural.
La “industrialización verde”, que implica el reemplazo de tecnologías y fuentes energéticas contaminantes por el uso del hidrógeno verde, del litio y de las energías renovables, es uno de los grandes desafíos globales. Y en él, nuestro país puede jugar un rol decisivo por sus recursos e incipientes desarrollos en marcha.
La economía de la salud y la expansión del complejo agrobioindustrial, entre otras “misiones industrializadoras”, permitirían alcanzar altos puntos de crecimiento.
El problema de los múltiples enunciados de Alberto Fernández es que su presentación careció de definiciones acerca de cómo se alcanzarán semejantes objetivos.
La actual administración está paralizada por los enfrentamientos internos y el Presidente también rompió puentes de acercamiento con la oposición, en especial la vinculada con el expresidente Mauricio Macri.
El enfrentamiento solapado que mantiene con la vicepresidenta Cristina Kirchner y con su hijo Máximo también lo debilita a la hora de llevar adelante los proyectos descriptos.
La prueba palpable es que, pese a que convocó a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional durante el verano, este no se reunió ni siquiera en una ocasión para tratar parte de las iniciativas que ahora reiteró.
Por último, el acuerdo con el FMI que elevará al Congreso supondrá un ajuste mayor al anunciado en materia de tarifas de servicios públicos.
Los jubilados y pensionados nacionales y empleados del sector público también sufrirán un recorte en el poder de compra de sus haberes, por la alta inflación. La decisión de no acometer una reforma previsional supone que un tercio de los aportes a los distintos regímenes seguirán percibiendo haberes elevados en contraposición a que dos de cada tres pasivos sigan cobrando una irrisoria jubilación mínima. El caso paradigmático es el de la vicepresidenta, que percibe dos pensiones por más de tres millones de pesos, lo que equivale a unas cien jubilaciones mínimas.
La incomprensible defensa de no llevar adelante una reforma laboral, que intenta complacer a la CGT, supone cerrar las puertas de ingreso a miles de jóvenes y a nuevos empleados, ya que las empresas no están dispuestas a asumir mayores costos en la incorporación de trabajadores con los convenios actuales en un marco de estancamiento.
El ajuste será un desafío concreto, más allá de las promesas del jefe del Estado y del aplauso complaciente de las bancadas oficialistas.
Alberto Fernández debe asumir la Argentina real en sus discursos y en sus movimientos políticos, para encauzar una gestión que tiene muy bajos índices de valoración positiva. Estos no mejorarán con discursos plagados de buenas intenciones, pero inalcanzables por la escasez de recursos, la falta de un plan y la debilidad política que exhibe el Presidente.
