Prioridad: bajar el número de asentamientos

En el amplio problema de vivienda en la provincia, con un alto déficit habitacional, un capítulo trascendente es disminuir el número de asentamientos que poseemos, que según registros podría ser de 261 unidades, pero tal vez haya muchos más. La intervención en esos sitios con otorgamiento de la tenencia del suelo a sus ocupantes y las mejoras en la infraestructura, podrían revertir esta seria falencia.

Prioridad: bajar el número de asentamientos
18 mil familias viven en barrios vulnerables o asentamientos en Mendoza. Asentamiento sobre el Circuito del Challao frente al barrio La Favorita / Foto: Ignacio Blanco

Un desafío muy grande a superar tiene la provincia en el capítulo pobreza que, si no se puede solucionar de cuajo, sería muy promisorio que al menos se pudiera atemperar progresivamente.

Los Andes difundió el domingo 27 de febrero pasado (página 7) una nota titulada: “Vulnerables. Hay 18.500 familias que viven en 261 barrios precarios”.

Son grupos que viven en asentamientos donde hay carencia de uno o más servicios básicos, como red de agua corriente, energía eléctrica, cloacas o gas natural. Se ubican en toda la provincia, pero, con mayor determinación, en el espacio que conocemos como Gran Mendoza, correspondiendo a Luján de Cuyo, Las Heras y Guaymallén el tener la mayor cantidad de estas radicaciones, 41 (2.399 familias), 40 (3.248 familias) y 33 (2.212), respectivamente.

El grave problema de estos eufemísticamente llamados barrios populares es la gran cantidad de niños que los habitan, que crecen y se desarrollan en condiciones muy lamentables, especialmente en atención a su salud y educación.

En la provincia se registran acciones para revertir esta penosa realidad, pero no alcanzan.

Por la ley 8.475 de 2012, Mendoza adhirió a la Ley nacional 24.374 de Regularización Dominial. Ahora, lo que se aguarda, según la senadora Silvina Camiolo (FDT), es la adhesión a la norma nacional N° 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana), que posee media sanción y falta la aprobación definitiva en Diputados (que será la cámara revisora del proyecto de ley). Esto sería un paso adelante.

Por otra parte, tampoco la provincia trazó un plan de regularización socio urbana de los 261 asentamientos y villas como sí lo han hecho otras provincias. Sólo se anuncian unos pocos proyectos (desde el Instituto Provincial de la Vivienda, IPV) sin atenderse la regularización de la tenencia de los lotes por sus ocupantes.

De todos modos, debe admitirse, como aportes, dos licitaciones del IPV de 203 conexiones de cloacas y agua en los barrios Flores - Olivares de la Ciudad y otra para obras de infraestructura y urbanización en el barrio Vistas a la Cordillera, en Mayor Drummond (Luján de Cuyo).

La seguridad de tenencia de lotes es un requisito de gran importancia para que cada familia haga mejoras por iniciativa propia de forma progresiva y a bajo costo, sin esperar la licitación oficial de costosas obras.

Un ejemplo lo dio Salta con la convocatoria de una mesa de trabajo en la que participan ediles, funcionarios y referentes barriales, en la programación socio urbana del conjunto de barrios populares de la ciudad.

Sería muy valioso que, en Mendoza, cada uno de los dieciocho municipios produjera el programa de las radicaciones precarias de su departamento. El conjunto de estas propuestas serían la base del Programa de Barrios Populares de Mendoza, a llevar a cabo por el IPV, las comunas y demás actores intervinientes.

Hay que actuar con celeridad frente a este cuadro de miles de personas habitando en condiciones muy pobres, y mucho más porque, debido a las condiciones socioeconómicas imperantes, nuevos vecinos se suman a una situación de vulnerabilidad, superando y dejando atrás los datos estadísticos de organismos provinciales y nacionales.

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