Siempre es una desagradable noticia para cualquier argentino de bien la difusión mensual del índice de inflación. Ese dato es una muestra periódica del deterioro de la economía y un golpe reiterado para las expectativas de un gobierno que, sin embargo, sigue empecinado en decisiones erróneas.
No obstante, es justo destacar que la inflación es un problema crónico de la Argentina, que, en los últimos veinte años, prácticamente, tuvo una inflación anual que promedió el 26%, aunque en la última década esa referencia subió a 37%. Prácticamente ninguna gestión reciente queda a salvo del descalabro.
Sin embargo, en lo que a la actual administración compete, en su afán por contener el constante aumento de precios se dispuso no hace muchos meses, en coincidencia con un recambio de funcionarios en el área de Comercio Interior, restablecer el sistema de congelamiento de precios, medida que abarcó el tiempo de las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano.
Como era de esperar, el resultado del control de precios fue negativo; significó volver a mecanismos ya implementados sin éxito en gestiones anteriores de gobiernos peronistas. Es una metodología que compromete la libre competencia y que, a la par, muchas veces desorienta al consumidor en lo que atañe a la relación precio-calidad.
Abrumado por los números negativos, el Gobierno admitió públicamente que la batalla por el control de precios la estaba perdiendo. Sin embargo, fiel a sus preceptos de injerencia del Estado en el derrotero de la economía, dio a luz otra iniciativa: la posible creación de la Empresa Nacional de Alimentos.
La propuesta, confirmada por la portavoz gubernamental, Gabriela Cerruti, tiende a atacar la inflación fijando precios de referencia y combatiendo la concentración del mercado, de acuerdo con los preceptos del mentor de la iniciativa, Rafael Klejzer, funcionario del Ministerio de Desarrollo.
Está claro que esta nueva iniciativa va en sintonía con la frustrada intervención estatal de la firma Vicentín, a la que la gestión de Alberto Fernández pretendió convertir en empresa estatal testigo de producción de alimentos. La idea era, y puede ser también con el nuevo proyecto, la transformación del Estado en propietario directo de los productos que son objeto de exportación e importación. Es una política que, vale recordarlo, acuñó el peronismo en sus primeros tiempos a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI).
Si, como muchos suponen, la idea surgió a partir de una similar política estatal ideada por el chavismo, se puede deducir que los resultados no serán muy beneficiosos. Nicolás Maduro lanzó una iniciativa similar en Venezuela y no se han observado avances o beneficios para los golpeados pobladores de ese país, que sigue teniendo, muy lejos de los demás, la mayor inflación del mundo y que acentúa día a día la pobreza entre sus habitantes.
Por lo tanto, esta nueva iniciativa del gobierno nacional kirchnerista, que cuenta con el consentimiento de organizaciones sociales vinculadas a la actual administración nacional, tiene como propósito intervenir en la cadena de precios del sector alimentario para contrapesar el mercado.
Todo debería conducir, indefectiblemente, a la creación de mayor burocracia en un Estado donde abundan las dependencias y los empleados. Reiteración de medidas estatistas que no solucionan el padecimiento económico de la gente.
