El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, decidió tomar participación plena en el gravísimo conflicto que desde hace muchos años genera en Rosario la acción despiadada de las bandas de narcotraficantes.
La participación nacional incluye la llegada a la provincia santafesina de más agentes de las fuerzas de seguridad federales, mientras que las Fuerzas Armadas brindan apoyo logístico y transporte, siempre dentro de los límites que establece para éstas la Ley de Seguridad Nacional.
Es que el terror narco se acentuó día a día en los últimos años en la provincia de Santa Fe, con epicentro en la vapuleada ciudad de Rosario. Un flagelo que parece no tener límites y que condujo a la actual situación extrema que motivó la fuerte intervención nacional.
Como ya se ha indicado muchas veces, la vida en esa zona del país fue cada vez más difícil, riesgosa, incluso para sus habitantes, víctimas inocentes de la acción delictiva, como se ha visto recientemente, en cuestión de días, contra un chofer de colectivos, dos taxistas y un empleado de una estación de servicio. Se especula con un virtual acuerdo entre los habituales antagonistas por la droga para hacer frente en esta oportunidad a los poderes del Estado.
El desenfrenado avance del crimen de la mano de las bandas de narcotraficantes no respeta ya la inocencia ciudadana. Y detrás de la afianzada narcodelincuencia transita cada vez más cómoda la inseguridad cotidiana, que crece aprovechando la confusión.
En los últimos años los gobiernos sucesivos de Santa Fe no pudieron controlar el problema y así los narcos fueron dominando cómodamente la situación. Tampoco hubo, durante los cuatro años del gobierno nacional anterior una respuesta contundente para apuntalar la acción de las fuerzas de seguridad de Santa Fe.
El problema se agrava día a día, porque mientras se discute sobre alcances jurisdiccionales tanto de la justicia como de las fuerzas de seguridad, la acción narco también corrompe estructuras del sistema de seguridad santafesino, tornando prácticamente insuficiente cualquier sano intento por salir al cruce de la trama delictiva. Tal vez por ello importantes trabajos de investigación periodística recientes dan cuenta de la responsabilidad que le puede corresponder, por negligencia o complicidad, a determinados miembros de la Justicia y de la policía de Santa Fe en la situación de vulnerabilidad a la que se llegó. Se debe recordar que hace prácticamente un año, un comisario policial rosarino fue condenado a prisión efectiva por detener a personas inocentes, mediante testimonios falsos, para poder encubrir a una banda narcocriminal.
En efecto, habitantes de Rosario entrevistados por periodistas de medios nacionales agradecieron la reciente presencia argumentando que la policía local no les brinda seguridad.
Es de esperar que en esta acción desplegada las autoridades tomen con la debida y necesaria firmeza el combate operacional al narcotráfico y sus derivaciones. No cabe ninguna duda de que es el momento justo, ya que muchas otras zonas populosas de la Argentina comienzan a mostrar los mismos síntomas.
No es posible pretender un resurgimiento de la Argentina si no se combate con convicción acciones delictivas como la de las bandas de narcotraficantes, capaces, como se ha podido observar en otros países, hasta de llegar a disputar el poder.
