Organizaciones políticas y sociales argentinas insisten en estos días en el reclamo por la implementación de la boleta única electoral en nuestro país.
Piden que dicho sistema, que sustituiría al muy antiguo y criticado de la llamada lista sábana, se implemente a partir de 2023, en coincidencia con las próximas elecciones presidenciales.
Tras el actual proceso eleccionario habrá dos años para que el debate pueda darse correctamente. Es un tiempo razonable.
Como se sabe, la actual lista sábana es muy cuestionada porque, entre otros aspectos, sólo prioriza la imagen de quienes encabezan la nómina de candidatos y esconde a decenas de dirigentes que completan los cupos muchas veces sin contar con méritos o antecedentes políticos y sociales que justifiquen someterse al voto popular para un cargo electivo.
El de la boleta única de papel es un sistema que en la Argentina ya se utiliza en provincias con mucha población, como Santa Fe y Córdoba, además de los establecimientos penales y para quienes tienen que votar en el exterior.
Garantizar el derecho a elegir es responsabilidad de las autoridades y en este tema puntual sería muy valioso que la dirigencia política, a través del Congreso, terminara de analizar la innovación propuesta y definiera en consecuencia.
Hace varios meses cerca de doscientos representantes de la escena política nacional volvieron a impulsar la referida reforma, presentada en marzo en el Parlamento argentino. Pero nada se ha movido aún.
La nueva boleta única reforzaría el derecho a elegir, ya que con ese sistema todos los candidatos se encuentran disponibles para que el votante los considere.Esto, a su vez, pone en una clara igualdad de condiciones a todos los partidos que compiten.
Ahora corren con mayor ventaja aquellos que son más convocantes y que tienen mayor estructura para la fiscalización de los comicios.
Se estima que el ahorro en cuanto a impresión de boletas sería cercano a los 3.000 millones de pesos por cada convocatoria nacional a las urnas. Esto, además del aporte en cuanto a logística y por el menor impacto ambiental que supone una marcada reducción del uso de boletas.
El nivel de consenso es tal que en meses anteriores distintas organizaciones empresariales también promovieron la implementación de la reforma en el sistema de votación, incluso proponiendo acompañar el proceso de discusión parlamentaria.
Los representantes del sector dirigencial privado comparten abiertamente los principios de transparencia y ahorro que mueven a cientos de dirigentes políticos a aventurarse contra una fracción partidaria mayoritaria, en la cual las diferencias de la política diaria quedan de lado, muy enquistada en estas viejas prácticas, ya obsoletas.
En momentos de lejanía cada vez más notable entre el pueblo y quienes dicen representarlo sería provechoso que una mayoría dirigencial pudiese imponer un criterio reformista indispensable para jerarquizar nuestro alicaído sistema de partidos.
En las declaraciones públicas prácticamente ningún dirigente político disiente con las ventajas de la aplicación de la boleta única, pero luego, en el momento de las concreciones siempre aparece alguna dificultad o alguna excusa por la cual la reforma no se efectiviza. Creemos que se acabó el tiempo de las promesas, que ha llegado el momento de los hechos.
