Con tres días de paro, los docentes mendocinos cumplieron con su segunda semana consecutiva de protesta salarial contra el gobierno provincial.
La adhesión a la medida de fuerza fue importante porque a la iniciativa del SUTE se le sumó el gremio del sector privado.
Además, todo indica que no hay a la vista, por lo menos en lo inmediato, una solución al diferendo.
El nivel de tensión que adquirió el conflicto es bastante elevado, ya que ambas partes mantienen una posición intransigente, independientemente de algunas expresiones vertidas a favor de una reapertura de las negociaciones.
Nadie puede negar que la delicada situación económica que vive el país, con fuerte impacto en el poder adquisitivo de la gente y, consecuentemente, notable deterioro a nivel salarial, es la principal causa del reclamo de maestros y profesores al gobierno de Rodolfo Suárez.
Pero también se debe reconocer que el nivel salarial de los estatales en Mendoza no es el mejor en el comparativo con otras provincias.
Como se suponía, el conflicto adquirió un componente partidario importante, que quedó manifestado en el apoyo al reclamo que se expresó desde la oposición provincial, mientras desde el oficialismo en general se acusó a esos sectores políticos de potenciar el nivel de la protesta.
Nada que no corresponda mientras no se salga de los carriles democráticos razonables ante hechos como el que nos ocupa.
No se puede objetar el derecho a la protesta que le cabe a la dirigencia gremial de los docentes de nuestra provincia, como tampoco se puede desconocer la obligación del gobernante con la administración de los recursos, como se ha argumentado frecuentemente desde el Ejecutivo provincial.
Sin embargo, en este caso puntual las autoridades deberían advertir que es necesario todo esfuerzo que conduzca a la reapertura de negociaciones en virtud del generalizado consenso que la protesta docente adquirió, en todos estos días, en la comunidad educativa en general.
Es de destacar que, al margen de una serie de gremios que acompañaron a los docentes en la medida de fuerza, hay varias organizaciones del sector estatal que lograron consensuar porcentajes de aumento con el Gobierno con el respaldo de la mayoría de sus afiliados.
Es un camino que ni el Ejecutivo provincial ni el sector docente pudieron encontrar por el nivel de tensión al que se arribó.
Además, no debe olvidarse que, pese a esa conducta a favor de la educación, Mendoza no pudo escapar al cierre de actividades que impuso la extensa cuarentena dispuesta por el gobierno nacional en el contexto de pandemia de coronavirus, con lo cual la presencialidad educativa se restringió a límites alarmantes durante un par de ciclos anuales.
Urge que las partes lleguen a un acuerdo que desactive el conflicto salarial para que se puedan reanudar con normalidad las actividades en las escuelas.
Tradicionalmente, en Mendoza hubo un saludable respeto a la cantidad de días de clase durante el ciclo lectivo anual y no ha sido habitual que las desinteligencias de índole gremial tengan una inmediata repercusión en las aulas.
El centro, el corazón del sistema educativo son los alumnos y por eso tanto autoridades como docentes deben pensar primero que nada en lo que ellos requieren y necesitan.
