Como hemos señalado desde espacio de opinión en más de una oportunidad, la crisis en materia educativa en nuestro país es cada vez más notoria y grave. Se trata, sin ninguna duda, de una de las grandes deudas que mantiene con la sociedad la dirigencia política, que, como ocurre con la pobreza, no ha sido capaz de encontrar una línea conductora para que el nivel de instrucción sea el adecuado.
Deben recordarse los últimos datos difundidos oficialmente. En la Argentina el 32% de los alumnos de 15 años del nivel socieconómico más alto no alcanzaron los índices mínimos de lectura en la prueba PISA 2022. Los resultados son peores que los registrados en Chile, Uruguay, Colombia, Perú y México. Por otro lado, en el nivel socioeconómico más bajo, 7 de cada 10 alumnos argentinos no alcanzan el nivel mínimo requerido.
Estos datos fueron dados a conocer durante el primer semestre del año en curso por la organización denominada Observatorio de Argentinos por la Educación, haciéndose eco de un documento que analiza las diferencias de aprendizaje entre estudiantes de distintos niveles sociales.
Por otro lado, también es pertinente reiterar que, de acuerdo con datos difundidos por Cippec, apenas el 13% de los niños que ingresaron al nivel primario en la Argentina llega al último año de la secundaria en el tiempo teórico esperado y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática, entre otras falencias muy notorias. Y 1 de cada 2 estudiantes de tercer grado de la primaria tiene dificultades para comprender un texto.
Todas estas cifras, reiteradas y cada vez más alarmantes, hacen que aumente la inquietud de gran parte de la sociedad argentina por el bajo nivel educativo que, en general, golpea a los diferentes niveles sociales.
En ese contexto, más de 60 organizaciones de todo el país pidieron hace varios meses que la educación fuese incluida en el Pacto de Mayo que promovió el presidente Javier Milei para firmar con los gobernadores. Fue un pedido conjunto de la Coalición por la Educación, Padres Organizados, Asociación Conciencia, Cippec y la Fundación Potencia Argentina, las entidades que invitaron a sumarse al numeroso grupo de adherentes.
En nuestra provincia se sumó al pedido el Gobierno a través del ministro de Educación, Cultura e Infancias, también en línea con el pensamiento de integrantes del Consejo Federal de Educación, que nuclea a los responsables del área educativa de cada jurisdicción del país.
Lamentablemente, la firma de aquel pacto entre la Nación y las provincias quedó diferido por las demoras en el Congreso para la sanción de la Ley Bases y se realizará recién en pocos días más, con motivo del nuevo aniversario de la independencia argentina. No se ha hablado aún de sumar la problemática educativa a dicho acuerdo.
La sociedad, por lo tanto, quedará a la espera de caminos de convergencia entre los dirigentes para buscar poner en foco a la educación, cuyas falencias incrementan, lamentablemente, las desigualdades del nivel socioeconómico que ofrece la Argentina.
