Un reciente informe de la Misión Internacional de las Naciones Unidas sobre Venezuela confirmó la violencia irracional que ejerce el régimen dictatorial de Nicolás Maduro contra opositores en general.
Dicha misión documentó en esta oportunidad 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos “crueles, inhumanos o degradantes” llevado a cabo por el chavismo desde 2014 a la actualidad.
Si bien el dictador Maduro desacreditó el contenido del informe, calificándolo de “panfleto”, el trabajo de Naciones Unidas determina que no se trata de hechos aislados sino de un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolás Maduro”, según se informaron los integrantes de la misión.
Por otro lado, Naciones Unidas también pudo confirmar injerencia cubana en los métodos de represión de las fuerzas de seguridad y de inteligencia de Venezuela, con incremento de esa influencia en los dos últimos años. Concretamente, las torturas están a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar.
Obviamente, esta vergonzosa acción represiva implica la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, con inclusión de actos de tortura y violencia sexual, enmarcados en todos los casos en la figura del crimen de lesa humanidad.
Si bien ya nada sorprende, lamentablemente, sobre las atrocidades que comete el régimen de Caracas, estas nuevas evidencias permiten comprobar que poco margen queda para la tolerancia internacional ante tanta violencia. El aislamiento mediante sanciones económicas y otras acciones no pueden ser criticadas cuando las autoridades de un país caen en semejante grado de autoritarismo.
El chavismo venezolano no ha cesado a través de los años en su determinación de imponer por la fuerza los preceptos revolucionarios que siempre dijo representar. Estrategia que se inspiró en los preceptos también totalitarios que han caracterizado al régimen cubano desde hace décadas. Y en el mismo sentido, lamentablemente, también circula Nicaragua, bajo el yugo de la mano dura del ahora dictador Daniel Ortega.
Dirigentes democráticos de la izquierda regional, como Gabriel Boric, presidente de Chile, no sólo no comparten la metodología de Maduro y otros líderes represivos, sino que también los condenan públicamente por sus procederes. Es una postura razonable, de gran madurez política en un mundo necesariamente integrado.
En el caso del gobierno argentino, lamentablemente no hay una posición crítica tomada con respecto a la violencia de la dictadura venezolana. Todo lo contrario: la actitud generalmente es de tolerancia y dificultad para votar acciones condenatorias en organismos internacionales, como en la OEA, donde se ejerce una fuerte defensa de Maduro y su régimen.
La tolerancia argentina se potenció desde que el presidente Alberto Fernández ejerce la presidencia pro tempore de la Celac. Además, en algún momento el jefe del Ejecutivo llegó a indicar públicamente que Venezuela merecía la ayuda de la región.
Los hechos, enmarcados en este caso en el crudo informe de Naciones Unidas, demuestran una vez más que los gobiernos autoritarios, en esta región como en todo el mundo, no pueden dejar de apelar a la violencia sin límites para cumplir sus objetivos.
