Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder de la agrupación Polo Obrero, y de otras 14 personas en una causa que investiga el desvío de fondos públicos a través de planes sociales. Según la información que trascendió de la Justicia, es muy probable que estos dirigentes queden a las puertas del juicio oral y público.
De esta manera, la justicia federal avanza en unas de las causas movilizadas por el actual gobierno nacional para que quede en evidencia el descontrol que por cuestiones políticas hubo durante muchos años con los recursos del Estado en ayuda social.
Según los jueces actuantes, los acusados sacaron provecho de su “posición dominante” al exigir el aporte de dinero a gente de escasos recursos, “sumamente vulnerable”. Para la Justicia, “a las comprobadas exigencias de asistir a las movilizaciones se las calificará como amenazas coactivas, mientras que la obligación de aportar un porcentaje de su suelo será subsumida bajo la figura de extorsión”. Contundente mirada de los jueces.
Es que el caos en cuanto al uso de recursos sociales fue de tal magnitud que hasta repercutió en el gobierno anterior kirchnerista. En efecto, debe recordarse que promediaba la gestión del presidente Alberto Fernández cuando la entonces vicepresidenta de la Nación, y líder del kirchnerismo, Cristina Fernández, hizo un planteo sobre el manejo de los fondos para ayuda que sacudió la interna del oficialismo de entonces. El control de dichos recursos por parte de organizaciones sociales ya era prácticamente total.
Bastó en aquel tiempo con que Cristina Kirchner criticara en un discurso la por ella denominada “tercerización” del manejo de los planes sociales para que salieran a la luz enormes desinteligencias por el uso de dicha caja, no sólo a cargo de organizaciones del peronismo sino, también, de sectores de izquierda, como la que lidera el dirigente Belliboni, que habitualmente ganaban las calles con manifestaciones multitudinarias que servían para argumentar el supuesto reclamo masivo de la gente.
En realidad, la entonces vicepresidenta de la Nación lo que pretendía, como objetivo primordial, era sacar del medio a dichas organizaciones que sólo generaban caos e indignación en la ciudadanía para derivar el control y direccionamiento a intendentes y gobernadores de provincia de su propio espacio. Es decir, que el uso abusivo de esa plata estuviese bajo propio control partidario.
En una Argentina golpeada por la inflación y los desaciertos económicos no se podía negar que había una cantidad alarmante de pobres y que era lógico que desde el Estado se buscara sostener medianamente por encima de la línea de pobreza a muchísimos argentinos. Pero también se sabía que dichos recursos en manos de intermediarios eran sólo paliativos que no conducían al núcleo del problema social. Es por ello que las denuncias ante la Justicia van demostrando el uso delictivo que se hacía de esa plata.
El objetivo de toda política de crecimiento debería tender a que la ayuda social no sea otra cosa que un mecanismo de tránsito para quien, por distintas circunstancias, queda temporalmente sin una fuente laboral que le asegure un ingreso. Pero nunca como un modo de vida, puesto que su duración en el tiempo no soluciona la fragilidad social de quien la recibe y alienta los “negocios” hoy juzgados.
