Las recientes expresiones públicas de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, embistiendo nuevamente contra la Justicia no hacen más que confirmar que al kirchnerismo solamente le interesa someter políticamente a la Corte Suprema y a los magistrados a cargo de la investigación y resolución de causas originadas por sus irregularidades en la función pública.
De la estrategia no quedan dudas. Recientemente la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en la causa que compromete a la Vicepresidenta en la llamada causa Vialidad.
Y días después fue la Unidad de Información Financiera (UIF) la que pidió en la Justicia la absolución de la ex presidenta de la Nación, al considerar que no están demostrados los delitos de presunto fraude y asociación ilícita que se le imputan.
Sostiene este organismo que las denuncias por irregularidades en la obra pública recaen en los cargos de ex funcionarios de la provincia de Santa Cruz, no en la función nacional.
Una acción muy grave por parte del organismo antilavado de activos.
La actual embestida no es, por lo tanto, nada nuevo. Forma parte de una acción ya montada cuando el sector político gobernante era oposición de la gestión de Juntos por el Cambio, pero que comenzó a ejecutarse a partir de la instalación del Frente de Todos en el poder.
En tal sentido cabe recordar que, a pocos meses de la asunción del actual gobierno, la Oficina Anticorrupción anunció su renuncia a la condición de querellante en las causas Hotesur y Los Sauces.
Fue una decisión no sólo polémica, sino que se enmarcó en los lineamientos dados a conocer por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, desde el día de su asunción al poner en tela de juicio la veracidad de algunas acciones interpuestas ante la Justicia Federal por las anomalías en las gestiones kirchneristas.
Los argumentos de aquel momento de la Oficina Anticorrupción fueron trazados por el titular del organismo, Félix Crous, uno de los fundadores de la corriente Justicia Legítima, claramente alineada con el oficialismo y orientada a imponer su pensamiento político e ideológico en la Justicia. Fue ese el primer paso para una línea directriz que se viene aplicando sistemáticamente.
Por otra parte, era el comienzo de la ejecución de una estrategia con argumentos indefendibles, amparados en una supuesta vulneración de atribuciones e incumbencias de la Oficina Anticorrupción.
Una postura controvertida que constituye una trama para ocultar irregularidades y eximir a los culpables de los cargos en su contra.
Todo lo expuesto representa una nueva y clara intromisión en el accionar de la Justicia, que debe expresarse siempre a suficiente distancia de los intereses y presiones de índole política para poder emitir fallos ajustados a derecho.
No se debe dejar de considerar la gravedad institucional de esta intromisión de la cabeza de uno de los poderes del Estado (Cristina Fernández de Kirchner es presidenta del Senado) en el desempeño de la Justicia, justamente el poder que necesita actuar con absoluta independencia para cumplir adecuadamente el rol de equilibrio que la vida republicana le confiere.
Este verdadero conflicto de poderes generado por una de las partes, se ha podido mantener sin que pase a mayores daños institucionales por la actitud mesurada de todos los miembros de la Corte Suprema que no han respondido del mismo modo a las desmesuras vicepresidenciales.
Ahora sólo basta aplicar la ley con todo el vigor que sea necesario.
