El Gobierno nacional restringió las exportaciones de maíz por unos meses y la reacción de los productores fue inmediata. Hubo asambleas en distintos puntos de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.
Allí acordaron medidas de protesta que se comenzarán a aplicar la semana próxima, tales como el cese de comercialización de granos y hacienda para faena en rechazo al aumento de las retenciones a la soja.
Esto se debe a que no descartan, aparte de las ya concretadas, otras resoluciones intervencionistas en los mercados agropecuarios.
El kirchnerismo, como se recordará, fue el responsable de la rebelión del campo en 2008, cuando Cristina Fernández, a través de su ministro de Economía, Martín Lousteau, promovió un esquema de retenciones móviles a las exportaciones. El jefe de Gabinete era Alberto Fernández.
Si la soja subía de valor, el Estado aumentaba la alícuota. Para su justificación, se habló de “ganancias extraordinarias” y de la necesidad de cuidar “la mesa de los argentinos”.
En una madrugada histórica, ante el empate de la votación en el Senado, el vicepresidente Julio Cobos emitió su voto “no positivo”.
Ahora, el argumento del Gobierno rememora el de aquellos días. Hay que garantizar los precios internos, se dice. En consecuencia, se impide exportar más de cuatro millones de toneladas de maíz, que para los productores serían casi el doble.
En cualquier caso, ¿qué tipo de mensaje emite un país que pone un cupo a sus exportaciones?
Un dirigente agropecuario lo expuso a su manera: la medida es mala, pero lo peor es la señal que contiene sobre la política económica de esta administración.
Limitar el comercio exterior para anclar los precios del comercio interior es una herramienta que el kirchnerismo ha usado en el pasado y que no dio el resultado que se esperaba.
¿Por qué conseguirá frenar la inflación en esta ocasión?
En el anterior ciclo kirchnerista, el cupo a las exportaciones del campo generó una retracción de la inversión. Hubo menos siembra, y por tanto menos cosecha. Y se perdieron millones de cabezas de ganado, para cuya reposición se tardó varios años.
Por el contrario, en los años recientes, cuando no hubo trabas, la producción del maíz, por ejemplo, creció más de un 50 por ciento.
Por cierto, ningún país alienta la producción de nada si con cada cambio de gobierno se modifican radicalmente las reglas de juego. Argentina, mal que nos pese, acostumbra hacerlo muy frecuentemente.
Toda medida intervencionista de la economía representa una desconfianza de la dinámica propia del mercado entre la oferta y la demanda.
El productor naturalmente deposita en el mercado sus expectativas para sacarle el mayor beneficio posible a su inversión.
Con esto, no estamos tratando de decir que el Estado deje que el mercado encuentre por sí mismo su punto de equilibrio. Lejos de eso, entendemos que el Estado debe ser un actor inteligente y activo de todos los mercados que considere prioritarios para la economía nacional. Pero eso sólo es posible cuando se opera desde el profundo conocimiento de la realidad de cada sector y por consenso con sus representantes y con las demás fuerzas políticas.
