En una nueva intromisión en la labor de la Justicia, el presidente de la Nación criticó esta semana a los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes ordenaron la liberación de personas que se encontraban detenidas en una causa por incitación a la violencia colectiva, en el marco de la investigación originada tras el fallido atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina de Kirchner, el 1 de setiembre pasado.
Los jueces sostuvieron que no existen elementos objetivos que permitan sostener que los acusados puedan entorpecer la investigación o escapar si se encuentran en libertad.
Por eso se dispuso sobre ellos una excarcelación bajo caución juratoria y la prohibición de salir del país sin la debida autorización judicial, eventualmente.
Tras la decisión de liberar a los miembros de la denominada organización Revolución Federal, el Presidente arremetió públicamente contra los magistrados sumándose al supuesto del oficialismo con relación a los móviles del frustrado ataque. “Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están (los jueces) empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”, dijo el primer mandatario a través de las redes sociales.
También le pidió a la Corte Suprema de Justicia que intervenga en el tema y aprovechó para fustigarla de modo prepotente: “Ojalá tenga la misma celeridad (por la Corte) que tuvo para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura”
Por otra parte, el titular del Ejecutivo nacional volvió a embestir contra el ex presidente Macri, al que él y el oficialismo en general acusan de favorecer a jueces que, como Bertuzzi y Bruglia, estén ocupando destinos judiciales que no les corresponden con la supuesta complicidad de consejeros de la Magistratura que, alineados con el ex presidente de la Nación, bloquean concursos para cubrir vacantes.
Como se puede advertir, se trata de un lamentable escándalo institucional, con características de una pelea barrial, no de un intercambio de puntos de vista entre funcionarios que deben velar por la seguridad de la ciudadanía, tanto en la función ejecutiva como judicial. Se puede disentir, claro que sí, pero siempre en un nivel acorde con la investidura que el pueblo delegó a través del voto y que la Constitución contempla y resguarda.
Colocar las discusiones y planteos políticos al límite del conflicto de poderes es una lamentable característica de buena parte de la dirigencia, pero muy especialmente de la actual administración nacional.
Recientemente ese escenario se reiteró con motivo de la pretendida imposición del pago de Ganancias por parte de todos los jueces en actividad, sobrepasando los alcances de una ley debidamente consensuada hace varios años por las fuerzas políticas mayoritarias y la Justicia para establecer la obligatoriedad de erogación de dicho impuesto a partir de los ingresos a la magistratura desde 2017.
Cuando la política no respeta la libertad de jueces y fiscales y encima pretende politizar sus estructuras las instituciones republicanas comienzan a debilitarse para dar paso a prácticas autoritarias, que son siempre tentadoras para ciertos dirigentes o sectores.
