Si un observador desprevenido requiriera pruebas de la creciente ausencia del Estado argentino, manifestada en el aumento de la inseguridad y la concomitante omisión de justicia, le bastaría con tomar nota del floreciente recurso –y negocio– de la ocupación de tierras de los últimos meses.
Constataría así que ya no se trata de una sensación. Ni de una expectativa. Ni de un tema instalado por los medios, tal como muchos funcionarios acostumbran a explicar las cosas por aquí.
En rigor de verdad, se está frente a un fenómeno en el que coinciden varias vertientes: el estado de necesidad de no pocas personas, llevadas por una desesperanza comprensible; el aprovechamiento despiadado de organizaciones sociales que capitalizan la necesidad ajena, y la especulación de ínfimos partidos expropiadores que se mueven en los márgenes del sistema, beneficiándose del escaso rigor de las autoridades y basados en la premisa de que lo ajeno puede ser apropiado, si se lo necesita.
Pero hay más, y mucho más tenebroso.
Punteros y hombres de la política han realizado enormes negocios, abocados de lleno al trasiego de propiedades vacantes por razones diversas, tales como deudas impositivas, títulos irregulares o posesiones nunca regularizadas.
Por cierto, nada de todo esto sería pasible de repetición sistemática sin la necesaria participación de una Justicia de sospechosas omisiones y morosidad comprobada a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina.
Como en el episodio reciente de una propiedad en Cariló, usurpada hace nueve meses por una banda con claras relaciones políticas, caso en el que el fiscal responsable ignoró los hechos hasta que estos escalaron en los titulares de los medios y entonces se vio obligado a actuar.
Llamativamente, el Senado de la provincia de Buenos Aires –cuyo Gobierno anunció hace unas semanas que iba a becar a ocupantes ilegales con 50 mil pesos mensuales– acaba de dar media sanción unánime a un proyecto que obliga a los funcionarios judiciales a ordenar el desalojo de los usurpadores de un predio en un plazo máximo de 72 horas, previa presentación de los títulos respectivos por parte de los damnificados.
Se trata de una iniciativa digna de mención, que pone límites específicos a esa rara capacidad de nuestra Justicia para hacerse la distraída justo allí donde su acción resulta más necesaria y pertinente.
Aunque no haya demasiados indicios que permitan ser optimistas, tarde o temprano las instituciones deben recuperar la confianza de la sociedad si quieren seguir teniendo sentido en un país democrático.
