El fracaso de la discusión en el Congreso del presupuesto nacional para el año que acaba de comenzar, motivó al Poder Ejecutivo a prorrogar la pauta vigente al 31 de diciembre último, la que, a su vez, provenía de la de 2023. En ese contexto, las autoridades de nuestra provincia mostraron preocupación por el destino de recursos previamente previstos para Mendoza, en especial en el rubro de la obra pública.
La inquietud es lógica. Advierten las autoridades locales que a partir de ahora la Nación podrá definir en forma discrecional qué obras continuará ejecutando y cuáles seguirán en lista de espera. Hubo un acuerdo hace varios meses que prometía dar luz verde sin problemas. Precisamente, al promediar el año pasado fue el gobernador Cornejo quien acordó con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la reactivación de obras públicas de competencia administrativa nacional en territorio mendocino. El monto era superior a 180.000 millones de pesos, según datos recientemente aportados por el Ministerio de Hacienda de la Provincia.
Lo convenido en ese momento incluía la reactivación de la doble vía a San Juan, ruta 40, hasta la localidad limítrofe de Jocolí; la Variante Palmira, estratégica desde el punto de vista del tránsito pesado hacia Chile; los dos puentes caídos en la doble vía a Tunuyán, también ruta nacional 40, una muestra absoluta de la desidia estatal (más de una gestión) por el tiempo transcurrido desde la correntada que los desplomó. También se había previsto en aquel momento el porcentaje que le corresponde al gobierno nacional para financiar la construcción de viviendas.
Como bien indican funcionarios locales, en general la discrecionalidad en el gasto puede resultar lo menos recomendable desde el punto de vista institucional, independientemente de que las autoridades nacionales continúen priorizando el superávit fiscal.
Uno de los problemas radica en que los trabajos por hacer o demorados repercuten muy mal en la consideración de la población. La gente no tiene por qué distinguir si una obra es de competencia local o nacional. La carencia de servicios o el trastorno que deriva de un emprendimiento en mal estado de conservación afecta en este caso a los mendocinos en general. El tema se agrava en lo referente a caminos; Mendoza está atravesada por varias rutas nacionales vitales para el día a día de los mendocinos y para el tránsito de turistas y del comercio en general.
Recientemente, en una entrevista televisiva, el conocido economista Miguel Broda consideró como “una barbaridad” mantener al mínimo los fondos para la obra pública en el país. “En ninguna parte del mundo no hay obra pública”, dijo, para apuntar que no resulta fácil instrumentar un nivel de obra privada que sustituya a la pública. “El Estado es absolutamente necesario”, opinó Broda, conocido por su mirada liberal de la economía. Justamente, como liberal ya a mediados de 2022, el doctor Broda consideraba que el gobierno de Alberto Fernández ejercía en materia económica “la mayor mala praxis de la historia argentina” por haber generado un desmesurado aumento del gasto público y sobre todo de la inflación.
Ha resultado desde todo punto razonable el objetivo del gobierno de Javier Milei de optimizar recursos del Estado evitando gastos excesivos o inútiles, incluyendo la obra pública. Superada esa instancia, nada debería impedir la concreción de trabajos a todas luces imprescindibles tanto en Mendoza como en gran parte del país.
