Un nuevo ataque a un medio de comunicación de la ciudad de Rosario puso en alerta a las empresas periodísticas del país.
Delincuentes atacaron con ocho balazos la fachada del Grupo Televisión Litoral y luego escaparon del lugar sin llegar a ser interceptados por las fuerzas policiales. Afortunadamente no hubo heridos.
Las cámaras de seguridad allí instaladas permitieron ver el vehículo en el que se desplazaban los atacantes. Luego fue encontrado un auto similar incendiado.
Además del medio afectado por el ataque, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) volvió a expresar su voz su malestar ante el suceso, recordando que es el segundo de las mismas características que se produce contra esa televisora en sólo dos semanas.
Con mucho acierto señalan las entidades periodísticas del país que preocupa muchísimo la reiteración de situaciones de “violencia inusitada y sistemática” a medios “sin antecedente en la era democrática argentina”.
Por ello, Adepa, a través de su comunicado, exigió a las autoridades de la provincia de Santa Fe y de la Nación “una acción firme que resguarde y proteja la tarea informativa de medios periodísticos rosarinos, que desde hace varios meses sufren el accionar de bandas narco”.
Esta última parte del mensaje de la organización en entidades periodísticas argentinas señala puntualmente el verdadero problema que se vive en Rosario y otras partes de la provincia de Santa Fe: la acción violenta de los narcotraficantes.
Se trata de un drama, un flagelo que vive la sociedad rosarina cada vez con más intensidad e inseguridad. Las bandas armadas de sicarios movidos por los narcotraficantes han convertido a aquella zona del país en absolutamente insegura y temible. Muchas veces los enfrentamientos armados entre delincuentes se han producido a plena luz del día y en zonas altamente pobladas o de importante actividad comercial.
El problema no es nuevo y en los últimos años se fue intensificando y trasladando a otros lugares del país, casi siempre al amparo de la inoperancia de los poderes del Estado para encontrar el mecanismo que permita neutralizar la crítica situación.
Esporádicamente, los funcionarios de la provincia de Santa Fe reclaman al gobierno nacional por ayuda material y logística. Pero las respuestas por lo general se limitan al envío de fuerzas federales. Pocas veces se ha sabido del éxito de estos operativos.
Cabe recordar que hace varios meses la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hizo presente en Rosario con motivo de un encuentro convocado por la asociación que agrupa a los jueces federales de esa ciudad. El objetivo de la visita era fijar posición con respecto al delicadísimo tema de la delincuencia narco.
La presencia de los principales magistrados del país no fue casual. Se trató de una pronta respuesta al reclamo de jueces y fiscales, tanto federales como provinciales, de Santa Fe ante la apremiante situación de inseguridad que generan las bandas de narco.
La Corte de la Nación pidió aquella vez decisión política y celeridad para cubrir la gran cantidad de cargos vacantes de la Justicia Federal en territorio santafesino, aspecto que les compete a los restantes poderes del Estado.
Demandas de la sociedad santafecina totalmente fundadas, pero casi siempre relegadas en la consideración de las autoridades ejecutivas y legislativas.
