La violencia de las bandas de narcotraficantes no disminuye: se volvió a advertir con el reciente recambio institucional en la provincia de Santa Fe.
Poco después de asumir, el gobernador, Maximiliano Pullaro, y su familia fueron blanco de amenazas de los delincuentes. Incluso hubo balaceras. Se estima que se trató de una respuesta a la reinstalación de los pabellones de aislamiento de narcos y sicarios en las cárceles de esa provincia, sistema que implementó Pullaro cuando fue ministro de Seguridad en una gestión provincial anterior y que en la última campaña prometió volver a poner en práctica, ya que durante la reciente gobernación de Omar Perotti se levantaron dichas condiciones de detención.
Esta primera reacción de los narcos contra el nuevo gobierno se reflejó en una serie de disparos en uno de los accesos a un hospital que recibe periódicamente a heridos de bala por los enfrentamientos delictivos. “Pullaro hacé caso”, fue una de las leyendas escritas por los sicarios que actuaron en esta oportunidad.
Hubo espontáneas reacciones de respaldo al mandatario santafesino por parte de otros gobernadores, pero lo más importante fue la reacción de la ministra de Seguridad del nuevo gobierno nacional, Patricia Bullrich, que prometió poner en marcha una rápida acción para intentar localizar a los agresores. La inacción nacional en los 4 años de gestión previos fue la que, en gran medida, agravó el brutal cuadro que se vive en Santa Fe.
Sin dilaciones, Bullrich puso en marcha recientemente en Rosario un plan integral para reforzar la seguridad en esa ciudad, en rápida respuesta a la mencionada amenaza al titular del Ejecutivo santafesino.
Como bien recordó el gobernador Pullaro, ya hace mucho tiempo que desde la cárcel los delincuentes cometen delitos graves, homicidios y extorsiones, utilizando armas de fuego por lo general. Desde ese lugar siempre han manejado a sus organizaciones criminales, con creciente violencia, sin que las autoridades muestren una adecuada predisposición para poner fin a semejante flagelo.
Genera una favorable expectativa la unión de esfuerzos que puedan realizar desde ahora el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, y el de la provincia de Santa Fe para salir al cruce de la cada vez más violenta e impune acción de las bandas de narcos. El nivel de criminalidad que generan es alarmante y se advierte, especialmente, en los récords de asesinatos que se producen.
Rosario tiene el triste rótulo de ser el centro del accionar narco en el país, aunque la expansión de dicho problema ya se advierte en otras zonas populosas de la Argentina. Por eso es de esperar que, simultáneamente con las acciones gubernamentales, la Justicia actúe con mayor predisposición teniendo como garantía el accionar de las fuerzas de seguridad bajo directivas políticas precisas, para poder salir al cruce de la delincuencia instalada a través de sus procedimientos y fallos. El respaldo a fiscales y jueces también es un reclamo permanente de la sociedad que pocas veces se materializa por las falencias apuntadas.
Nada debe impedir que, siempre al amparo de lo que marca la legislación vigente, las nuevas autoridades de seguridad salgan definitivamente al combate del drama social que generan los narcos.
