La Legislatura mendocina avanza con la ampliación de los alcances del juicio por jurado en la provincia. Ahora se dispuso incorporar los delitos de homicidio simple y robo agravado por lesiones graves y gravísimas a los casos que ya son juzgados con participación ciudadana. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados le corresponde al Senado dar la sanción definitiva a la iniciativa.
Debe recordarse que el sistema fue implementado en mayo de 2019 y con su aplicación comenzó a arrojar resultados considerados alentadores en el ámbito judicial. En esa primera etapa los jurados entendieron en casos de homicidio agravado. Luego se incorporaron delitos por abuso sexual seguido de muerte y homicidio agravado en ocasión de robo y por uso de arma de fuego.
Mendoza comparte la modalidad con otras cinco provincias argentinas. La primera en la implementación fue Córdoba, en el año 2005. El mecanismo está contemplado por la Constitución Nacional, en su artículo 118°, para todos los juicios criminales ordinarios. Se prevé que los procesos siempre se deben llevar a cabo en la provincia donde se cometió el delito, siempre que la misma haya adoptado la actuación de jurados.
Desde su primera puesta en práctica en Mendoza el juicio por jurado tuvo un amplio consenso político, coincidiendo en su implementación las fuerzas mayoritarias representadas en el Poder Legislativo, luego de un entendimiento con el Poder Ejecutivo de turno.
Es que en los tres poderes del Estado hubo un fuerte reconocimiento al elevado compromiso demostrado por la ciudadanía en general con el nuevo sistema. Ello se puso en evidencia a través de los índices de participación registrados.
Debe considerarse que toda ampliación de este sistema potencia la base democrática y republicana que supone toda participación activa de la ciudadanía en el control de los actos que llevan a cabo las autoridades.
El compromiso ciudadano en el rol de jurado popular aumenta sustancialmente el marco de entendimiento del desempeño de los funcionarios públicos, tanto en la investigación de los hechos delictivos como en su esclarecimiento. Es lo que mayormente asimilan las personas convocadas que aceptan participar como jurados.
También como jurado se puede adquirir una noción más fehaciente de las razones que conducen a las personas que delinquen a apartarse de la ley y buscar, con sus condenables actos, un modo de vida o bien una vía de escape a situaciones de la vida cotidiana muchas veces difíciles de poder controlar.
Esta compenetración de la ciudadanía es bienvenida, además, si se tiene en cuenta que muchas veces la consideración popular sobre la labor de jueces y fiscales no es la adecuada. Un poco por errores propios como también por desinformación, la Justicia no puede escapar a la baja estima que la gente tiene en sus autoridades y dirigentes en general. En ello las encuestas han sido lapidarias en los últimos tiempos.
Es por ello que toda acción que conduzca a la posibilidad de una mejora en la prestación de los servicios que debe garantizar el Estado resulta bienvenida y merece el abordaje más serio posible por parte de las autoridades para su correcta implementación. El juicio por jurado popular es un buen ejemplo.