La enorme cantidad de contagios y de fallecimientos que se han reportado a lo largo de dos años a causa de la pandemia de coronavirus es, a no dudar, el hecho más trascendental y doloroso a la hora de repasar los efectos devastadores de la enfermedad.
Sin embargo, más allá de la cuestión puramente sanitaria, es factible examinar otros perjuicios para la comunidad, de por sí afectada por una crisis social y económica que suma décadas de frustraciones.
Entre las actividades que sintieron el rigor de la pandemia, figura la del trabajo en sus múltiples actividades.
Y como resultado de esa retracción, se verifica un crecimiento sostenido de la informalidad laboral, un sistema perjudicial para la economía en general y para los trabajadores en particular.
Tampoco se trata de una situación que haya llegado a la Argentina con la peste, pero es verificable que la crisis se profundizó durante los últimos dos años.
Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió días atrás que entre 2020 y 2021, el ingreso salarial de los trabajadores informales se ubicó un 17 por ciento debajo de la inflación, que orilla el 52 por ciento en medio de una inestabilidad económica que no permite abrigar esperanzas de solución en el corto plazo.
La informalidad en el trabajo es un sistema que no aporta a la seguridad social.
Es decir, los empleados en esas condiciones carecen de derechos elementales, como los aportes previsionales y la prestación de una obra social.
Una economía en caída libre, un Estado que no logra encarrilar la capacidad de producción y el acceso al trabajo registrado y empleadores que sacan provecho de situaciones de emergencia encajan entre las causales de la informalidad.
Para el Indec, frente a una inflación de casi el 52 por ciento, los haberes de los empleados informales perdieron mucho poder adquisitivo, lo que los coloca en una situación cada vez más vulnerable y con escasas proyecciones hacia el futuro.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que, aun como actividad remunerada, el empleo informal no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos.
“Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación sindical”, describe con acierto la OIT.
Esta suerte de subocupación es consecuencia directa de gobiernos que sólo generan empleos estatales.
Como señala el Indec en su informe, los agentes públicos de la órbita nacional lograron en los últimos dos años las mejores remuneraciones en relación con la inflación y con lo que cobran los dependientes de la actividad privada.
Sin dejar de mencionar que la informalidad suele emparentarse con la explotación laboral de muchos que cayeron en el abismo de la desocupación y se resignaron a un ingreso magro para subsistir.
Es cierto que la pandemia arrasó con todas las previsiones.
Pero de igual modo el Estado no debe declinar su deber de generar trabajos genuinos.
De igual modo, sin modificar las leyes laborales actuales será muy difícil que la informalidad comience a disminuir significativamente.
