Con el supuesto objetivo de “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas”, el Gobierno nacional lanzó Nodio, un “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales”, a cargo de la Defensoría del Público.
Una vez más, el peronismo aprovecha su llegada al poder para instrumentar medidas que pretenden controlar distintos procesos sociales, presentadas con un pomposo relato que las justifica en nombre de la necesidad de proteger a la sociedad.
De Juan Perón a Cristina Fernández, el periodismo soportó presiones y restricciones de todo tipo. Si en la década de 1940, por ejemplo, se impuso la censura previa a los corresponsales extranjeros y se cancelaron las licencias radiales privadas, hace una década se promovió una ley de medios que limitaba el tamaño de las empresas periodísticas.
En agosto, el senador Oscar Parrilli quiso obligar a los jueces a denunciar “cualquier intento de influencia en sus decisiones” por parte de los medios. Ahora, el lanzamiento de Nodio estuvo a cargo de reconocidos intelectuales que militan en el kirchnerismo y que tuvieron una destacada participación en la defensa de la frustrada ley de medios que impulsó Cristina Fernández.
La razón de ser de Nodio ha sido definida con grandes palabras que sintetizan esos nobles objetivos a los que nadie podría oponerse: “generar insumos y entornos de intercambio” que hagan factible un “periodismo de alta calidad”, así como “el fortalecimiento de las audiencias críticas mediante el desarrollo de competencias digitales y el fomento del debate sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet”.
Con todo, el relato hace que el analfabetismo informacional, que es una preocupación internacional creciente, descripta entre otros organismos por la Unesco, quede en igualdad de condiciones con la identificación “de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas”.
La noticia describe, no argumenta. La argumentación es necesaria cuando se opina. Por supuesto, sería deseable que las voces que circulan en la esfera pública tuviesen una mayor capacidad de argumentación para que se enriquecieran los debates sobre los problemas que nos aquejan. Entonces, si es necesaria una oficina gubernamental para calificar como “maliciosa” cierta argumentación, es porque se quiere poner un límite al libre intercambio de las ideas impugnando determinados puntos de vista.
En consecuencia, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó que “este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover”.
El periodismo profesional realiza su labor bajo un doble sistema de responsabilidad: en un sentido, es responsable ante la audiencia de su contenido; en otro sentido, esa responsabilidad por lo expresado puede tener una derivación judicial.
En ambos casos, sus errores o su mal desempeño pueden costarle una sanción, literal o metafórica. Ese dispositivo alcanza para asegurar su calidad.
La vigilancia ideológica de los medios es algo muy distinto. De hecho, viola la Constitución.
