Las políticas económicas y de reestructuración del Estado que lleva a cabo el gobierno del presidente Milei vienen generando reacciones y expectativas de distinto carácter en los sectores involucrados con las mismas.
El ajuste fiscal que levanta como escudo la actual administración, con el fin de lograr un sano u necesario equilibrio en las cuentas públicas, detonó todo tipo de reclamos amparados en efectos económicos y sociales derivados de su implementación. Nadie duda de que gran parte de la población espera una paulatina recuperación en su estándar de vida.
En dicho contexto, la impronta presidencial, y de gran parte de la dirigencia oficialista, viene generando un estilo de confrontación política que obliga a sectores que se sienten desplazados y controlados, como pocas veces en la historia reciente, a adoptar similares posicionamientos para defender sus sitiales.
Los recientes vetos presidenciales a dos leyes inspiradas en el Congreso, la referida a la movilidad jubilatoria y la de financiamiento universitario, potenciaron un clima de confrontación entre poderes del Estado que no sólo debe preocupar por su intensidad sino, fundamentalmente, por la escasa propensión al diálogo. El consenso sólo se buscó entre partes para sumar votos a favor o en contra de la ratificación de las medidas vetadas por el Ejecutivo.
Especialmente, el debate por el presupuesto universitario se trasladó con rapidez a directivos y estudiantes y en estos momentos las actividades se desarrollan enmarcadas en un clima tenso, hostil, con tomas de facultades u otros institutos, clases en la vía pública, medidas de fuerza y protestas que en varios casos llegaron a la agresión física.
Justamente, a esta derivación del debate político de medidas del Gobierno se le deben sumar hechos violentos que ya aparecieron en forma pública y que no contribuyen al lógico disenso democrático sino, por el contrario, alientan el fanatismo ciego. En los últimos días hubo varios casos de agresividad, lesiones y daños en actos partidarios; escraches a dirigentes o funcionarios del oficialismo nacional en distintos puntos del país y gritos, insultos y trompadas entre bandos oficialistas y opositores durante las marchas estudiantiles derivadas de la controversia por las universidades.
Pero también es responsabilidad de las autoridades de turno intentar calmar los ánimos, lo que no significa deponer estrategias en materia de seguridad para salir al cruce de eventuales hechos de agresividad. En declaraciones públicas, la ministra Patricia Bullrich alertó sobre el posible accionar de grupos de violentos con fines incendiarios y destructivos en general en el marco de las protestas estudiantiles. Si lo suyo tuvo una intención disuasiva debe señalarse que el camino elegido no demostró ser el más apropiado, en medio de un clima tan tenso como el que se instaló por el debate universitario.
La Argentina ya supo de violencia extrema durante el siglo pasado en el marco de trasformaciones y reivindicaciones sociales que derivaron en una confrontación ideológica que buscó dirimir sus diferencias y pretendidas imposiciones por la fuerza. No tiene sentido rememorar en estas líneas tan lamentables tiempos, pero sí destacar que en estos 40 años de vida democrática la política, más allá de sus muchos errores, supo canalizar diferencias. Hubo, sí, excepciones tristes, como los episodios de fines de 2001.
Por lo tanto, es de esperar que prime la templanza entre los dirigentes políticos. Los esfuerzos por mantener el equilibrio y el diálogo no deben ser interpretados ni como una resignación de objetivos por parte de las autoridades ni como una claudicación de reclamos.
