Entre el bullicio de las protestas de agrupaciones sociales y sindicales que marchan a diario por las calles, hubo una que tomó mayor estado público y emocional, en función del origen de la demanda: el pago en tiempo y forma a los múltiples prestadores que atienden a personas con discapacidad.
No sólo se planteó el tema de los honorarios adeudados; también se visibilizó alguna intención solapada del Gobierno nacional de aplicar recortes presupuestarios para la cobertura social de este y otros organismos del área de salud.
En el país de los despilfarros y de alguna jubilación varias veces millonaria, es inaudito y hasta vergonzoso que se especule con meter el lápiz del ajuste en perjuicio de profesionales que, desde distintas actividades, se brindan a la atención de ciudadanos y ciudadanas en situación de discapacidad.
A tenor de la repercusión pública y mediática que alcanzaron las protestas en la mayor parte del territorio argentino, el Gobierno tuvo que salir a aclarar que no está en agenda ajuste alguno.
Y admitió los atrasos en los pagos a los prestadores, aunque intentó atenuar tensiones al decir que se trató de una morosidad “de algunos días”.
En contraposición con el discurso oficial, desde el Colectivo de Discapacidad, que agrupa a prestadores de servicios de salud, organizaciones no gubernamentales y pacientes con discapacidad, alegan que el atraso en los pagos llega a tres meses.
Al mismo tiempo, insisten con el recorte encubierto, que ahora las autoridades salieron presurosas a relativizar.
Lo cierto es que la situación trepó al doloroso extremo de instalar un acampe en Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. Allí permanecieron servidores de salud, familiares de las personas con capacidades diferentes y hasta, incluso, los damnificados directos: los pacientes.
El Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud y de la Agencia Nacional de Discapacidad, tiene la obligación de dar previsibilidad a un sistema asistencial de enorme relevancia humanitaria
Del mismo modo, es prioritario encauzar la cobertura hospitalaria a toda la población, sobre todo a los segmentos vulnerables que no cuentan con el invalorable beneficio de una obra social.
Volviendo al tema que nos ocupa, las expresiones de protesta se extendieron a gran parte del país.
La ecuación es tan simple como riesgosa: si los fondos no bajan a las obras sociales o a los dependientes de las múltiples ramas (incluidos los propietarios de vehículos de transporte de personas con discapacidad) es de inferir que la atención integral se verá resentida o, en algunos casos, interrumpida.
No es atinado continuar con el pavoneo de las peleas palaciegas o de los enconos políticos dentro de las fuerzas oficialistas y opositoras, mientras niños, niñas y adolescentes, como así también adultos jóvenes y mayores que sobrellevan la discapacidad, sienten el abandono de quienes gobiernan y de quienes cumplen tareas legislativas, a menudo con pingües retribuciones mensuales.
Temas como el de la discapacidad son las verdaderas cuestiones de la vida que aquejan a tantos argentinos, de los cuales a veces las dirigencias parecen olvidarse.
