La embestida contra las instituciones republicanas sigue siendo una obsesión del kirchnerismo, incluso en tiempos difíciles como los que nos toca afrontar a los argentinos, marcados por una crisis económica con pocos antecedentes. Es como su principal objetivo político.
Desde su vuelta al poder, en diciembre de 2019, la dirigencia kirchnerista ha priorizado los intereses judiciales de sus principales referentes, muy especialmente los de Cristina Fernández de Kirchner, como escudo para justificar su ataque a todos los niveles de la justicia argentina.
Y en ese aspecto, se puede afirmar sin temor a equivocaciones que el primer operador fue el propio presidente de la Nación.
El actual proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema es un escándalo con pocos antecedentes en la vida republicana de la Argentina.
Ya lo hemos señalado desde este espacio, pero siempre es bueno remarcarlo: no se puede hacer de un fallo judicial, como la medida cautelar a favor del gobierno porteño, el puntapié inicial para un ataque como el actual.
Argumentar una acción extrema, como la que estamos observando, solamente en un fallo, en una decisión de la Corte, es una clara y nefasta decisión que oculta fines meramente políticos y personales.
El actual gobierno siempre contó con argumentos y hechos coyunturales que le permitieron orquestar sus estragos institucionales desde un segundo nivel de exposición.
El primer gran ejemplo fue el largo tiempo de pandemia, en el cual, en base a una cuarentena excesiva, las autoridades nacionales hicieron de las medidas extremas de cuidado personal y comunitario su principal acción.
En aquel momento nada impidió para que el Ejecutivo promoviera una ambiciosa y muy polémica reforma del Poder Judicial que se frenó en el Congreso por la atinada resistencia de la oposición. Un cuadro de situación sumamente parecido al actual, con el juicio al tribunal supremo.
Ahora, el telón tras el que se esconden las malas intenciones del Gobierno en el plano institucional es la crisis económica y social del país.
Es notable que así sea, ya que, como es lógico, la población no habla de otra cosa que no sea del deterioro sistemático que genera el desmanejo de la economía. Pero prácticamente no se habla de otra cosa, mientras la política se frena en su ámbito natural de discusión, el Congreso, porque el oficialismo quiere destruir a la Justicia y la oposición bloquea el resto de las actividades hasta que el Ejecutivo deponga aquellas intenciones.
Probablemente el fracaso para contener la inflación por parte de la actual conducción económica derive, una vez más, en asistencialismo y otros paliativos a los que habitualmente recurre este gobierno para disimular el fracaso de sus políticas. Y con ello, el consecuente aumento del deterioro en la calidad de vida de los argentinos.
Por lo tanto, siempre es importante no perder de vista los temas de fondo que hacen al mantenimiento estructural de la república. Sin el necesario equilibrio entre oficialismo y oposición y con una administración de justicia transformada en un mero servicio, no en un poder del Estado, la resignación a las dádivas del poder fáctico puede llegar a ser inevitable.
