Al presupuesto de un país se lo llama “la ley de leyes” con justa razón: es la planificación más básica, que calcula los ingresos y gastos de manera anticipada. Pero un presupuesto dice mucho más que eso: sus cifras son la expresión final de la importancia que tiene cada uno de los rubros que lo componen.
Permite visualizar cuáles son las prioridades y, del otro lado, qué sectores han quedado más relegados.Y aun cuando se trata de una herramienta flexible y dinámica, es necesaria para organizar la actividad económica de una estructura monumental como es la del Estado argentino.
De allí que se lea con genuina preocupación lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación, donde la ley de Presupuesto 2025 debiera encontrar el rumbo para su aprobación.
Ante la falta de acuerdo con gobernadores, el oficialismo nacional canceló una reunión de comisión clave.
En la oposición creen que el Gobierno no quiere la ley y que prefiere reconducir nuevamente el Presupuesto 2023. Así, crece la posibilidad de que todo termine en una nueva prórroga, tal como se hizo en 2024.
Esto tendría las mismas consecuencias: un manejo más arbitrario -en este caso, para profundizar el ajuste- que el que otorgaría una ley consensuada.
Según define la misma página oficial del Ministerio de Economía, “el Presupuesto Nacional es una ley anual que sanciona el Congreso, donde planifica los ingresos que recibirá el Gobierno y cómo se aplicarán para satisfacer las necesidades de la población: seguridad social, educación, salud, seguridad y justicia, entre otras”.
Tiene mucha importancia porque permite responder las siguientes preguntas: ¿cuál es el destino del gasto? ¿En qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿Cuál es el origen de los recursos?”
Estas últimas preguntas son fundamentales: sin un presupuesto nacional formal, no sólo crecen las chances de un manejo más arbitrario, sino que también disminuye la posibilidad de ejercer un control sobre la forma en que se gasta.
La ejecución presupuestaria muestra cada trimestre el nivel de progreso de ingresos y gastos, y permite saber cuánto de lo planificado ya pagó o se comprometió a pagar el Estado.
Esto no sólo es necesario por una cuestión de transparencia administrativa, sino que permite gestionar los recursos con mayor eficacia.
Numerosas organizaciones civiles en el país se encargan de analizar la evolución del presupuesto nacional, lo que permite entender qué hace el Estado con el presupuesto público, contrastar distribuciones injustas con evidencia y promover asignaciones adecuadas, además de garantizar derechos.
Vale recordar que el Presupuesto financia el funcionamiento de todo el Estado nacional -poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y contiene las transferencias que se realizan a los estados provinciales y municipales.
De allí la importancia clave de que la ley se consensúe con gobernadores. Sería óptimo también que cada mandatario provincial regule sus exigencias de manera responsable y acorde a la actual crisis económica que vive el Estado nacional.
En definitiva, se requiere máximo compromiso del Gobierno nacional e igual responsabilidad de las provincias para que la negociación no se empantane y Argentina pueda tener su “ley de leyes”.
