Argentina posee una buena cantidad de leyes que abordan cuestiones de género y diversidad. Constituyen un marco jurídico calificado internacionalmente como de buena calidad. Pero el problema es que su implementación no está a la altura de las circunstancias, ya que no existen los recursos necesarios o una real voluntad política para asegurar su cumplimiento.
Es un contrasentido, sin duda, que se advierte con claridad cuando se enfrenta la política con la realidad. Otorgar derechos cuesta dinero. Nada es gratis. Por lo tanto, de nada sirve legislar un derecho si, a continuación, no se destina en el presupuesto –en los tres niveles del Estado argentino, municipal, provincial y nacional– un monto razonable para la difusión, promoción y concreción social de ese derecho.
El Estado no podría garantizar el derecho a la propiedad de distintos tipos de bienes si no solventase con fondos públicos la existencia de los correspondientes registros de la propiedad. Otro tanto puede decirse del voto universal y secreto a partir de cierta edad: hace falta dinero para confeccionar los padrones y para asegurar la cantidad de lugares de votación necesarios para cada elección. Los ejemplos podrían multiplicarse.
En los últimos 15 años, la agenda legislativa ha privilegiado las cuestiones de género: se votaron, aprobaron y promulgaron al menos 16 leyes para ampliar derechos de las mujeres e identidades diversas. ¿Qué otra problemática social ha obtenido, a modo de reconocimiento, una ley por año, desde 2007?
Ahora bien, ¿de qué sirve una ley que no se aplica por falta de voluntad política? He aquí el contrasentido: si hubo voluntad política para aprobar la ley, ¿por qué después no hay voluntad política para destinarle los fondos necesarios para su implementación, con la consiguiente estructura administrativa para asegurar no sólo eso sino también la sanción que corresponda a quienes no la respeten?
La Ley de Educación Sexual Integral ya tiene 16 años. Según la investigación de una organización no gubernamental vinculada al tema, sólo un 20% de los estudiantes argentinos recibió de manera plena la educación que marca la ley y apenas un 50% la recibió de modo parcial.
Dos de los principales obstáculos para la instrumentación fueron la poca o nula capacitación docente y que algunas escuelas declararon no estar dispuestas para implementar la materia. Para la remoción de ambas trabas hacen falta fondos constantes para la formación docente y para identificar y sancionar a los colegios que no cumplan con la ley.
La Ley de Talles fue sancionada a fines de 2019. Su reglamentación tardó unos dos años. Hoy son muy pocas las marcas que ofrecen la variedad de tamaños que dicta la norma. Pero ninguna de las que la incumplen fueron sancionadas.
Las consecuencias de la inacción son mayúsculas: ¿qué valor tiene una ley si no se establece una diferencia taxativa entre acatarla y transgredirla? ¿Qué noción de autoridad pone en juego un Estado que no puede establecer una diferencia entre esos dos comportamientos?
