El accionar del narcotráfico en el país es día a día más grave y alarmante, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, donde se encuentra el principal foco de acción de esta temida modalidad delictiva.
A la increíble cantidad de víctimas que genera la narcocriminalidad en esa ciudad santafesina, hay que sumar la constante amenaza que se efectúa contra autoridades públicas, jueces, fiscales e integrantes de las fuerzas de seguridad tanto del ámbito de la provincia de Santa Fe como también federales.
Y ahora, los medios de comunicación también son blanco de la acción narco.
Esta semana fue encontrada en la puerta de un canal de televisión rosarino una bandera con un mensaje amenazante. La leyenda advirtió el propósito de dichas bandas de “matar periodistas” que investigan y difunden a diario los movimientos de las organizaciones de narcotraficantes. “Con la mafia no se jode”, señalaron en un repugnante y sorprendente sinceramiento de la bajeza que los mueve.
Como era de esperar, hubo una rápida respuesta de las organizaciones periodísticas argentinas para repudiar lo sucedido.
En ese sentido, Adepa alertó “por la grave amenaza a medios y periodistas” por parte de las bandas de narcotraficantes que operan en la gran urbe santafesina. Recordó la entidad que nuclea a las empresas de medios que se requiere “elevar la voz por el riesgo que implica para la integridad física y la seguridad personal de periodistas y medios el fenómeno creciente del narcotráfico y otras formas de crimen organizado en el país”.
En términos similares se expresó el Foro de Periodismo Argentino, que exigió a las autoridades esclarecer el hecho y “garantizar la integridad física de los trabajadores de prensa, en particular en una ciudad en la que la violencia criminal agrega un contexto de extrema hostilidad y desprotección para los colegas”. En la misma línea opinaron otras organizaciones profesionales y gremiales de prensa.
Vale reiterar que este drama se acrecienta por el imperdonable descuido de quienes deben poner la mira en los narcos. La falta de políticas hace que la situación se agrave día a día y que, por añadidura, la sociedad viva con miedo.
Sí cabe advertir que el problema suele exceder la capacidad operativa de las fuerzas santafesinas. Y en esa línea, los poderes del Estado provincial suelen verse desbordados por el accionar de las bandas. Más de una vez las autoridades de Santa Fe reclamaron a viva voz la ayuda de las fuerzas de seguridad de la Nación para hacer frente a tan constante flagelo. Pero, como también ocurre con otras situaciones en otros puntos del país, el gobierno nacional parece no querer mostrar total decisión para encarar la situación.
El gran foco del narcotráfico radicado en Rosario requiere de una acción decidida. Sin dudar, las autoridades deben ejercer el poder que les confiere la Constitución Nacional. Más allá del esfuerzo que hace la mayoría de los jueces y fiscales, se debe remarcar que es una acción que requiere de la política, que es la que debe dar respuesta, y solución, a este tremendo flagelo.
Los argentinos no merecen ver cómo su país paulatinamente se convierte en un campo de proliferación de bandas de narcotraficantes.
