El terror narco se acentúa día a día en la provincia de Santa Fe, con epicentro en la vapuleada ciudad de Rosario. No es ninguna novedad, verdaderamente, pero es un flagelo que parece no tener límites.
Como ya se ha indicado muchas veces, la vida en esa zona es cada vez más difícil, riesgosa, incluso, para sus habitantes.
El desenfrenado avance del crimen de la mano de las bandas de narcotraficantes no respeta ya la inocencia ciudadana. No en vano, esa populosa urbe es hoy considerada internacionalmente como uno de los lugares más peligrosos de la región.
Y detrás de la afianzada narco delincuencia transita cada vez más cómoda la inseguridad cotidiana, que crece aprovechando la confusión.
Recientemente, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, removió, junto al jefe de la Policía, a su ministro de Seguridad (uno más en una lista frecuente) y designó a un nuevo funcionario para que intente implementar políticas que logren, al menos, atemperar el drama que se vive.
Por otro lado, el reclamo del gobernador Perotti al gobierno nacional es cada vez más insistente, en especial cuando, como ahora, debe volver a echar a un colaborador.
Sin embargo, las respuestas de las autoridades de la Nación suelen ser irónicas y denigrantes a la vez.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respondió rápido al nuevo reclamo de asistencia desde Santa Fe sólo indicando que “asombran las declaraciones del gobernador”.
Recordó que el problema no es nuevo, sino que tiene dos décadas, y puntualizó la cantidad de recursos que vuelca la Casa Rosada, tanto económicos como en personal efectivo, para reforzar a las fuerzas provinciales.
No miente el ministro Fernández cuando se refiere al envío de fuerzas federales a Rosario, pero a lo que no se refiere es a la falta de coordinación de tareas y a qué estrategias se fijan para buscar disminuir la ola de tiroteos y muertes.
¿Se trata de mecanismos consensuados, eficaces?
Porque la sola presencia de gendarmes, por ejemplo, no asegura el combate al narco si no hay una previa planificación teniendo en cuenta la envergadura del delito a enfrentar.
Gran parte de la dirigencia política y la representación jurídica de Santa Fe sostienen con insistencia que aquella provincia ha quedado desprotegida por parte del poder central.
Hasta la Corte Suprema de la Nación se ha preocupado in situ sobre el flagelo.
El problema se agrava día a día, porque mientras se discute sobre alcances jurisdiccionales tanto de la justicia como de las fuerzas de seguridad, la acción narco también corrompe estructuras del sistema de seguridad santafesino, tornando prácticamente insuficiente cualquier sano intento por salir al cruce de la trama delictiva.
Un ejemplo: en estos días un comisario policial rosarino fue condenado a prisión efectiva por detener a personas inocentes, mediante testimonios falsos, para poder encubrir a una banda narcocriminal.
Es de esperar que las autoridades tomen en algún momento con más firmeza el combate operacional al narcotráfico y sus derivaciones.
Y que sea a tiempo, ya que muchas otras zonas populosas de la Argentina comienzan a mostrar los mismos síntomas.
