Gran parte de la ciudadanía argentina no sale de su asombro, e indignación, por la trágica comercialización de drogas prohibidas que dio paso a una elevada cantidad de muertos e intoxicados en cuestión de horas.
El criminal “estiramiento” de cocaína en el Conurbano bonaerense permitió comprobar la gravedad de la situación.
No es sólo la delincuencia narco de Rosario la que predomina. La Argentina está impregnada de consumo desmedido y eso lleva a un nivel de competencia en la comercialización que arroja como resultado un escenario desolador como el que se ha visto en estos días.
Cabe preguntar, por lo tanto, si este acontecimiento con epicentro en un barrio de precarias viviendas no es el punto de partida para una escalada de alcance similar en ese y en otros puntos del país.
La reacción de las autoridades de la Nación y de la provincia de Buenos Aires va en sintonía con las deficiencias que han caracterizado a la dirigencia política durante muchísimos años en toda la problemática, compleja, sin ninguna duda, del tránsito y consumo de estupefacientes a lo largo y ancho del país.
No se advirtió una espontánea actitud de solidaridad de los funcionarios públicos con los familiares de las víctimas de semejante tragedia.
Sólo intercambios de insinuaciones, en algunos casos supuestamente jocosas por parte del impresentable ministro de Seguridad de la Nación, a pesar del momento, y advertencias para nada clarificadoras, como la del ministro de Seguridad bonaerense, que reclamó que los consumidores que hubiesen adquirido las drogas “en las últimas 24 horas” se deshicieran de ellas.
¿Son realmente conscientes nuestros gobernantes y legisladores, tanto nacionales como de las provincias, del nivel de delincuencia que moviliza la comercialización de drogas no permitidas? No es un problema nuevo: nadie puede darse por sorprendido. Y por ello corresponde a quienes ejercen el poder conferido por la ciudadanía dejar en claro que ese supuesto desgano o ineficiencia para hacer valer la autoridad contra esta variante del delito no responde a ningún tipo de interés especial o connivencia, como muchos suponen y hasta acusan en forma reiterada.
Por otra parte, esta triste realidad también se potencia en el contexto de una cada vez más precaria situación social y educativa de elevadísimos porcentajes de población, incluyendo a jóvenes y niños.
Los niveles de pobreza e indigencia que imperan en la Argentina de hoy son caldo de cultivo para acciones al margen de la ley que, como el narcotráfico, exponen de manera peligrosa a quienes de él dependen.
Ya hemos señalado desde este espacio en más de una oportunidad que la situación de pobreza que sufren millones de argentinos es una de las cuentas pendientes que tiene nuestra democracia con la ciudadanía.
Obviamente, esa democracia se nutre de dirigentes que parecen mirar hacia el costado ante los dramas sociales cada vez más reiterados.
Es de esperar que luego de este suceso de consecuencias aún inimaginables, la mayor parte de la dirigencia tome en serio esta problemática. Otra invitación a la búsqueda de consensos y a la implementación de una política de Estado tantas veces pregonada pero casi nunca concretada.
