La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo de la justicia jujeña por el que se condenó a la dirigente Milagro Sala a 13 años de prisión.
El caso llegó a la máxima instancia judicial del país luego de que, hace un par de años, el Tribunal Superior de la provincia de Jujuy desestimara un pedido de la defensa de Sala para que se considerara inconstitucional el juicio por el que resultó condenada. Previo a aquel pronunciamiento se habían agotado todas las instancias judiciales, a las que, obviamente, acudieron los abogados de la dirigente para neutralizar la acción en su contra.
En esta reciente resolución, la Corte nacional destacó, en primer lugar, que “la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción”. Y puntualizó que, en base a dichas premisas, los pronunciamientos de los máximos tribunales de las provincias no pueden llegar a la máxima instancia nacional mediante un recurso extraordinario, “salvo que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia, por sus graves defectos de fundamentación o razonamiento, no constituya una derivación razonada del derecho vigente…”. Es decir, no encontraron los jueces supremos nacionales ninguna objeción al procedimiento por el cual se juzgó a Milagro Sala en Jujuy.
Entre los procesos penales que tiene la titular de la organización kirchnerista Túpac Amaru, se destaca uno por el que se determinó que la dirigente había liderado una asociación ilícita entre 2013 y 2015, con delitos como extorsiones y defraudaciones con relación a fondos provenientes del Estado jujeño, en acuerdos con la Nación.
También se le comprobó a Sala su responsabilidad como coautora del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, al lograr la entrega de elevadas sumas de dinero público a través de cooperativas que respondían a su mando. Luego se producía el desvío de fondos para la construcción de viviendas o mejoras edilicias.
Tras conocerse la resolución a la Corte nacional, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien encaró la denuncia penal en contra de la dirigente social en nombre del Estado jujeño, dijo que la causa debería originar un debate sobre “lo que hacen muchos jefes de organizaciones sociales que manejan un estado paralelo”, como siempre calificó el mandatario provincial el accionar de la organización Túpac Amaru.
Cabe agregar que se trata de un mecanismo que también se puede reproducir a nivel nacional a través de otras organizaciones sociales que reciben el manejo de fondos de modo casi discrecional. La Justicia, precisamente, investiga los alcances de la escandalosa distribución de planes sociales entre personas con capacidad para mantener su propio sustento, tema que se instaló en los últimos meses y que puso en jaque a las autoridades nacionales y a los jefes de organizaciones sociales afines al Gobierno.
Lamentablemente, desde el oficialismo se insiste en sostener que Milagro Sala es víctima de una persecución política, cuando, verdaderamente, la justicia de su provincia pudo comprobar una trama delictiva de gran dimensión, proceso judicial que la Corte nacional, con su reciente resolución, apuntaló totalmente.
