Para la construcción de viviendas en la provincia, la actual administración provincial anunció que va a ensayar varias opciones porque la edificación de casas ha bajado notablemente en los últimos tiempos.
El déficit habitacional que tiene Mendoza es alto y afecta a unas 110.000 familias.
Desde todos los sectores se reconoce que la ejecución de unidades habitacionales a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ha caído muchísimo. La morosidad de los préstamos que tiene el organismo de calle Lavalle es preocupante, y según estimaciones ronda el 57% de los deudores, muchos de los cuales no pagan deudas conformadas por cuotas con valores exiguos, que van entre los 100 y los 500 pesos.
El gobernador y su equipo han decidido darle campo de acción al IPV y aceitar mecanismos para consolidar los fondos del organismo, cobrar la deuda que los morosos tienen en su contra y asegurar que los créditos que otorgue de ahora en más se recuperen a valores constantes. En una palabra, habrá un nuevo sistema de actualización de cuotas.
Como sostiene el gobernador Cornejo, la construcción de casas no será solo potestad del IPV y se apelará a otros mecanismos, en unos casos con el aporte de las municipalidades o volver a diagramar programas, como en su momento fue Mendoza Activa.
En ese contexto ha comenzado a actuar la organización Techo, que ya concretó viviendas en Mendoza, pocas por ahora, pero marcando una direccionalidad hacia el techo propio digno, en un territorio donde hay 316 barrios populares o asentamientos.
La organización mencionada, que trabaja en Argentina, es una iniciativa no gubernamental que procura mejorar las condiciones de vivienda y hábitat a través del diseño, gestión y ejecución de proyectos de vivienda, acceso a servicios básicos e infraestructura comunitaria, en acción conjunta entre pobladores y la juventud voluntaria.
En nuestra provincia, además de cooperar a levantar un grupo de casas en el barrio Grilli Norte (Guaymallén), ha colaborado en el relevamiento de las villas inestables, que posteriormente fueron inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Estas acciones de Techo son un valioso aporte para la fundamentación de los planes que Mendoza deberá formular para la integración socio-urbana de la totalidad de los 316 núcleos residenciales informales, diseminados en los 18 departamentos provinciales.
Julieta Bascuñán, directora de la sede Mendoza de Techo, explicó que “Techo es una organización no gubernamental, sin vinculación política partidaria ni religiosa, que trabaja en diecisiete países de Latinoamérica. Actualmente, funciona en once provincias del país, siendo Mendoza la última en sumarse hasta el momento”.
Sus militantes trabajan en las barriadas populares bajo una perspectiva de derechos humanos para obtener la mejora del hábitat popular.
Si bien la organización es conocida por realizar unidades habitacionales de emergencia, no sólo se dedican a eso, sino que intentan disminuir las necesidades que detectan en la propia comunidad en todo lo que concierne al tema de hábitat, ya sea cloacas, luz, agua y demás prestaciones.
Primero los miembros de la agrupación realizan un rastrillaje de barrios muy carenciados, principalmente, a través del diálogo con referentes comunitarios, para luego determinar cuáles son los centros habitacionales con mayor criticidad.
La labor de este grupo y de otras organizaciones solidarias con trayectoria en la provincia, incrementará significativamente la producción y mejora del hábitat de los estratos sociales más necesitados, complementando el tradicional aporte del IPV y los 18 municipios de Mendoza.
