Como ocurriera con la ley que promovía la movilidad de haberes jubilatorios, mediante el recurso constitucional del veto el Poder Ejecutivo Nacional logró neutralizar el miércoles la legislación promovida por la oposición para reforzar el financiamiento de las universidades públicas.
Esto fue posible, como bien se informó, merced al “blindaje” que supo generar la minoría oficialista con sectores aliados, evitando que la embestida contra el veto contara con los dos tercios necesarios para dejarlo sin efecto.
Antes de seguir con el análisis del caso, debe tenerse en cuenta que el veto presidencial es considerado como una herramienta que le permite al Poder Ejecutivo ejercer un mecanismo de control sobre el Legislativo para asegurar un equilibrio de poderes. Con más razón, como señalamos antes, tratándose de un gobierno que tiene notoria minoría en ambas cámaras.
Lejos del terreno de la disputa política, el efecto del veto presidencial se hizo sentir mucho en el propio ámbito educativo. El paro concretado ayer, incluso con facultades tomadas por alumnos y docentes, fue demostrativo del nivel de preocupación generado.
No es menor, como ocurrió en nuestra provincia, que las propias autoridades universitarias declararan persona no grata a cada uno de los legisladores que en representación de Mendoza votaron a favor de la postura del gobierno nacional.
Este detalle marca un nivel de conflicto altísimo, independientemente del rasgo de politización generado por el veto. Se trata de la comunidad académica que alza la voz ante el nivel de preocupación instalado.
Por otra parte, ante la imposibilidad de que la oposición intente insistir en el Congreso (reglamentariamente el proyecto vetado no puede ser tratado en lo que resta del año), no hay que descartar planteos fuertes cuando se traten, en forma inminente, los alcances del presupuesto nacional para 2025, recientemente remitido al Congreso por el gobierno de Milei.
La estricta postura gubernamental con respecto al equilibrio fiscal puede estar cubriendo lisa y llanamente la inexistencia de un plan B con el que el Gobierno buscase recomponer su vínculo hoy deteriorado al extremo con la comunidad universitaria nacional. La apuesta sería a todo o nada. El Plan B debería ser pensar estratégicamente la universidad en relación con las necesidades del país.
Mientras esta salida alternativa no aparezca, la educación en general en la Argentina permanecerá en una situación de total desconexión de las autoridades de turno.
En el puntual tema universitario, no sólo deberían tenerse en cuenta los números estrictos de los recursos que se aplican sino, también, las necesidades existentes tanto en lo académico como en lo presupuestario.
Esta realidad acentúa una decadencia que no puede atribuirse solamente a las autoridades gubernamentales de turno, es verdad, pero que encienden más luces de alerta como consecuencia del recorte implementado.
Y cómo reflexión final, ¿está habilitado un gobierno para hacer uso del recurso del veto presidencial sin límites?
Entramos en el terreno de la polémica, de lo discutible. Debe tenerse en cuenta que este recurso presidencial también puede ser parcial, lo que reabre la posibilidad de diálogo del oficialismo de turno con su oposición en la búsqueda de un entendimiento. Es una opción que no tuvo en cuenta el gobierno nacional pese a sugerencias que le llegaron en tal sentido.
Es de esperar que la segura permanencia de los reclamos de la comunidad universitaria motive a las autoridades de la Nación a abrir la puerta a inquietudes que quedaron silenciadas por imperio del veto.
