En su desesperación por evitar una profundización de la crisis económica, el Gobierno nacional adopta diversas medidas, pero, en definitiva, estas se vuelven en contra del objetivo de reducir la inflación a valores aceptables.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) dejó en suspenso hasta el 31 de diciembre el régimen que permitía a grandes importadores quedar exentos del pago de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA). Así, el organismo espera hacerse de recursos por unos $ 1.000 millones, en momentos en que los ingresos fiscales caen, por el parate económico y por las menores exportaciones agroindustriales.
Para analistas del comercio exterior, la medida de la Afip tendrá un impacto inflacionario en los bienes importados. Si bien el IVA podrá computarse en los balances de las empresas a partir del próximo ejercicio fiscal, en lo inmediato supone una mayor erogación, que las compañías trasladarán a precios.
Por otra parte, la aplicación de un dólar agro en torno de los $ 300 para la soja y las economías regionales también provoca una suba de precios. Si bien los productos de las economías regionales –como arroz, té, yerba y críticos– deberán participar del programa Precios Justos, es casi seguro que la mesa de los argentinos también verificará un incremento en tales elementos.
La desesperación por hacerse de dólares llevó al ministro de Economía, Sergio Massa, a poner en vigencia anteriormente dos programas para alentar la liquidación del acopio que tenían los productores. El nuevo esquema supone una devaluación para ese sector, que vendía sus existencias a un dólar oficial de menor valor.
En forma paralela, la liquidación de los chacareros –entre U$S 5 mil millones y U$S 9 mil millones, se estima– provocará una expansión de la base monetaria, por la compra de la divisa a un mayor precio por parte del Banco Central.
La desesperación de la administración de Alberto Fernández de hacerse de dólares, para evitar una crisis cambiaria, y de pesos, con el objetivo de mejorar la recaudación, no corrige el problema de fondo, el cual se vincula con el enorme déficit de un Estado que agrandó su estructura y las de las empresas públicas, sin contar con financiamiento genuino.
La mayoría de las nuevas funciones y de los negocios están vinculados con atender la cobertura de la militancia partidaria y las aspiraciones de su dirigencia, sin medir costos ni la racionalidad de las erogaciones.
Las últimas acciones constituirán un parche para disimular la grave situación de las cuentas públicas, además de alentar la inflación por la falta de equilibrio de las medidas.
