El Reino Unido inició el proceso de devolución del archipiélago de Chagos, un atolón de 60 km2 que cuenta con más de 50 islas en el océano Índico, a la república africana de Mauricio, decisión que despertó expectativas en nuestro país con referencia a la situación de las Islas Malvinas.
Ese acuerdo tuvo inicialmente las características de una señal o un posible precedente para la causa nacional por la recuperación del territorio usurpado por los ingleses en 1833.
La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina hizo público que “la larga disputa entre Gran Bretaña e Islas Mauricio llegó hoy a una conclusión (…) Celebramos este paso en la dirección correcta y terminar con prácticas obsoletas. Transitando el camino empezado, con acciones concretas y no retórica vacía, vamos a recuperar la soberanía plena de nuestras Islas Malvinas. Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas”.
Como era de esperarse las repercusiones siguieron desde que se produjo el anuncio de cesión del archipiélago del Índico, en Malvinas y en el espectro político británico.
Sin embargo, esa probabilidad de asimilar posiciones rápidamente se fue desvaneciendo. Primero, Alison Mary Blake, gobernadora de las Malvinas, dio seguridades que seguirían protegiendo las islas y a sus habitantes, para nosotros kelpers, descartando de plano la ilegitimidad de la postura británica. La administradora Blake aseguró que el contexto histórico de las islas en el Atlántico Sur era distinto.
Por si faltasen más argumentos para desterrar las expectativas argentinas sobre los territorios del Atlántico Sur, el primer ministro de Inglaterra, el laborista Keir Starmer, afirmó que la soberanía de Gran Bretaña sobre Malvinas se trata de una cuestión “personal”, y que “las Falklands (Malvinas). Son británicas y lo seguirán siendo”.
Para la canciller argentina, Diana Mondino, el mencionado anuncio sobre las islas representó un antecedente a favor del reclamo histórico de la Argentina sobre el territorio de Malvinas, que ya perdió fuerza.
El gobierno del Reino Unido mantiene su actitud de defender el derecho a la autodeterminación de los habitantes de Malvinas, aspecto que el país trata infructuosamente de torcer, otorgando a los habitantes del suelo apropiado ilegalmente todas las posibilidades de convertirse en ciudadanos argentinos con plenos derechos.
Por otra parte, hemos insistido desde estas columnas que el proceder argentino con referencia a los históricos reclamos tiene que ser más severo porque seguimos acordando y por contrapartida no hay nada de la contraparte que nos pueda favorecer.
Nos referimos al acuerdo de fines de septiembre celebrado entre Mondino y el ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, referido a medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad aérea, que inclusive generó reacciones adversas en el propio gobierno libertario, más precisamente por parte de la vicepresidenta del país, Victoria Villarruel.
El país debe, a través su clase gobernante, ir más allá del reclamo y pensar en acciones que al menos preocupen a la contraparte, que por ahora no ve amenaza alguna a su espuria ocupación. Por ahora, los argentinos tenemos sólo el mandato valioso de la Constitución Nacional, que nos alienta a mirar hacia adelante, pero que, lamentablemente, no nos acerca a la recuperación de los territorios usurpados. La Carta Magna, en su reforma vigente desde 1994, expresa en su Disposición Transitoria Primera que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.
