Probablemente, muy pocos venezolanos imaginaron que con la asunción presidencial de Hugo Chávez, el 2 de febrero de 1999, se iniciaría un derrotero dictatorial y agresivo como el que los toca vivir. En aquel momento llegaba quien prometía poner punto final a una Venezuela golpeada por la corrupción, la desigualdad y la pobreza, con una lógica impronta refundacional para una república que había sido gobernada por una dirigencia política totalmente desacreditada.
En la práctica lo que se iniciaba era un firme camino hacia el autoritarismo en base al mencionado rechazo mayoritario de la ciudadanía a la clase dirigente que gobernó antes que Chávez. A la par, el chavismo avanzó, como toda dictadura, sobre los demás poderes del Estado, fundamentalmente el Judicial, de modo de obtener el consentimiento automático a sus decisiones. Con los años, los venezolanos independientes tuvieron, prácticamente, dos opciones: emigrar, como lo han hecho ya más de siete millones, o apoyar a los nuevos dirigentes opositores al régimen que fueron surgiendo.
En ese contexto se llega al actual proceso electoral, para el que el presidente Nicolás Maduro logró el objetivo de silenciar una vez más a la oposición de turno. En efecto, el jefe supremo venezolano acaba de reiterar que la decisión de inhabilitar políticamente a la líder opositora María Corina Machado, tomada por el Tribunal Supremo de Justicia de su país, es “definitivamente firme”. Es así como una resolución de la máxima instancia judicial de aquel país impide a la referente de la oposición competir en las elecciones presidenciales que se realizarán este año.
De esta manera, el líder chavista burla el acuerdo al que llegó el régimen que lidera con la oposición, en octubre, en las negociaciones de acercamiento llevadas a cabo en Barbados. Descaradamente, aduce Maduro que sus opositores son los que incumplen dicho acuerdo al expresarse contra la resolución del máximo tribunal de justicia, que con su fallo fue solidario con el régimen.
La candidata opositora cuenta con un importante respaldo internacional que, seguramente, va en sintonía con el pensamiento de un amplio número de venezolanos que pretenden un definitivo cambio de orientación política.
Los gobiernos de Argentina, Uruguay, Ecuador y Paraguay se expresaron en respaldo de Machado y también lo hicieron referentes opositores nicaragüenses en el exilio, un amplio número de ex presidentes iberoamericanos y distintas organizaciones democráticas del mundo. Y el gobierno de Estados Unidos advirtió al régimen de Venezuela que tiene como plazo el mes de abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición. Luego de ese límite la Casa Blanca podría disponer sanciones a la dictadura de Maduro.
Más allá del respaldo logrado, la oposición venezolana entiende, con alto grado de razonabilidad, que la comunidad internacional tiene la obligación de efectuar un constante seguimiento de lo acordado en su momento con el régimen dictatorial vigente. Con más razón porque consideran los principales opositores que honraron su compromiso al negociar con un sistema de la envergadura del que encabeza Maduro.
Vale reiterar hasta el cansancio el mal ejemplo que significa hoy Venezuela para la región, por su autoritarismo y el nivel de precariedad social y económica al que condujo a su población, en muchos casos vencida por la resignación.
