El acuerdo para que el FMI reprograme una deuda por 44.500 millones de dólares tomada durante la gestión Macri tiene amplio apoyo entre los legisladores y los sectores económicos.
Las principales diferencias radican en las políticas que se seguirán para cumplir con la obligación de reducir el déficit fiscal y recortar los subsidios económicos por el consumo de electricidad y gas.
La crisis de 2001 y 2002 puso en tela de juicio un modelo que se había desarrollado durante una década, que hacía hincapié en el crecimiento del sector privado y en la limitación del Estado a funciones básicas y de intervención en los mercados sólo para corregir las distorsiones en la oferta y la demanda de bienes y servicios.
La caída de la convertibilidad alentó el surgimiento de una corriente de opinión que sostiene que el Estado debe prestar los servicios básicos a precios accesibles, de modo independiente de su costo de producción, transporte y distribución.
Esa corriente de opinión propone un avance estatal sobre empresas que industrializan materias primas o que son prestadoras de servicios de energía y de comunicaciones, además de intervenir y regular los mercados.
Por contrapartida, el modelo privatista, pese al crecimiento logrado durante la década de 1990, no pudo encontrar respuestas al desempleo que generaron las privatizaciones y a la necesaria reconversión de enormes sectores que les permitiera enfrentar la competencia planteada por el nuevo paradigma.
Tampoco se produjo un efecto derrame sobre los ingresos de la población a partir de un fenómeno que no es sólo local sino que constituye también un desafío global: la cada vez mayor concentración de la riqueza.
El acuerdo del Gobierno nacional con el FMI representa la solución posible para evitar que el país caiga en un nuevo default, lo que significaría más escasas posibilidades de obtener financiamiento para programas básicos e inversiones externas.
Argentina carece de capital para alcanzar un mínimo crecimiento sustentable. Sin embargo, hay diferencias profundas entre las dos principales coaliciones sobre los caminos por seguir para lograr ese objetivo.
El intento de alcanzar consenso sobre políticas de Estado reconoce más vaivenes que logros concretos.
El último fracaso fue visible a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Argentina, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, demoró en repudiar la invasión y en alentar una investigación sobre la violación de derechos elementales, hasta que la realidad y la necesidad de contar con el apoyo de Estados Unidos terminaron por inclinar la balanza..Finalmente, el país condenó la guerra impulsada por Vladimir Putin.
En un año sin calendario electoral, los dirigentes partidarios están sumidos en batallas internas para posicionarse respecto de 2023.
Pero no es tiempo de candidaturas sino de abocarse a definiciones básicas que supongan acuerdos mínimos para alcanzar un desarrollo que deje atrás la decadencia argentina.
No hay 2023 sin un 2022 en que los argentinos ordenemos nuestras cuentas y proyectemos un programa de Nación que nos incluya a todos.
