El Gobierno nacional hará fuertes anuncios esta semana, tras la recomposición del gabinete que tuvo lugar tras la crisis del oficialismo. Esta desnudó el fuerte enfrentamiento entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, por la derrota del Frente de Todos en las elecciones primarias. Se esperan, entre otras medidas, un significativo aumento del salario mínimo, mejoras en las asignaciones de los planes sociales, un bono para los jubilados, la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y líneas de créditos a tasa negativa para pequeñas y medianas empresas.
El programa será presentado como un “incentivo a la producción económica y el empleo”. Pero, en realidad, el objetivo –como dijeron algunos de los gobernadores que se reunieron el sábado con el Presidente en La Rioja– es “corregir rápido todo lo que haya que corregir”, para dar respuestas inmediatas a los sectores más golpeados por un estancamiento que ya lleva varios años, y que combina una baja de la actividad económica y una importante caída del empleo con una merma del consumo por pérdida del poder adquisitivo del salario, en un contexto de alta inflación.
La hipótesis compartida por varios gobernadores y el equipo presidencial es que en las elecciones de noviembre “se gana con más peronismo y con un shock de consumo para darles respuestas a quienes menos tienen”. El problema es que no hay dinero para solventar esas medidas de manera genuina. Entonces, se financiará con déficit. O dicho de otra manera, con emisión monetaria. Ya lo decía Cristina Fernández en su carta: el Ministerio de Economía había previsto, en el presupuesto para este año, un déficit de alrededor de cuatro puntos del producto interno bruto y hasta agosto sólo había ejecutado partidas equivalentes a la mitad de esa suma, de modo que bien podría inyectarse ahora, a través de distintos planes, un monto considerable. Lo que omitió decir la vicepresidenta es que el esquema que enmarcaba aquel presupuesto no se cumplió en lo más mínimo. Como la inflación de los primeros ocho meses superó con creces las previsiones oficiales para todo el año, una vía para bajar la expectativa inflacionaria –y su consiguiente presión sobre la brecha cambiaria– fue bajar el ritmo de emisión.
Si ahora la necesidad electoral demanda generar un espejismo en la microeconomía de millones de argentinos, el costo será una potenciación de los desequilibrios de la macroeconomía. En otros términos, ver al conjunto del peronismo desesperado por revertir el resultado de las primarias a cualquier precio provocará mayor incertidumbre económica. No un aumento de la producción y del empleo, ni del consumo.
El desmanejo de las cuentas públicas nunca augura buenos resultados. Menos aún si el propósito es obtener un resultado electoral favorable para conservar una cuota de poder. Lo que necesita el país es un plan sustentable y de mediano plazo que dé respuesta a las demandas sociales y que pueda consensuarse con la oposición tras las elecciones de noviembre.
