Una de las políticas más elogiables del actual gobierno nacional es la que lleva a poner la mirada sobre los gastos excesivos del Estado.
En gran medida, una de las malas consecuencias del desmedido asistencialismo que impuso durante muchos años el kirchnerismo. Y puntualmente, un enfoque directo hacia los cuatro años recientes de presidencia de Alberto Fernández.
Uno de los aspectos en observación de dicho período, según la versión oficial, es el de los requisitos para acceder al beneficio de las pensiones por invalidez, que hoy son también denominadas pensiones no contributivas.
Según el Gobierno, dichos trámites fueron de muy baja exigencia en los años previos, lo que habría conducido a muchísimos otorgamientos sin justificación.
En ese contexto, la administración libertaria confirmó en los últimos días que avanzará en el área de la discapacidad, en la que se realizan auditorías para determinar con la mayor precisión posible qué beneficiarios realmente requieren la ayuda del Estado y cuáles no.
Por lo informado, ya hay datos concretos. Desde el Gobierno anunciaron que estarían en condiciones de dar de baja unas 200.000 pensiones, aunque ese número podría ampliarse en base a los informes de las citadas auditorías.
Actualmente el Estado nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, otorga 1.250.000 pensiones.
Argumentan las autoridades que lo que se pretende es ejercer un mayor control sobre un área que, como se ha indicado, no gozaba del tutelaje necesario por parte del Estado nacional para determinar si realmente todos los beneficiarios recibían una justa retribución.
Cabe acotar que la cobertura por discapacidad no sólo se basa en un determinado monto mensual de dinero, que se paga en forma similar al jubilatorio, sino que incluye traslados gratuitos o con descuentos a personas con supuestas limitaciones físicas o intelectuales (discapacidades), coberturas asistenciales, etc.
Sin ninguna duda se trata de un área de mucha sensibilidad y de la que el Estado no debe desentenderse.
El propio gobierno señala que ya se sumaron desde diciembre de 2023, cuando comenzó la actual gestión, 20.000 nuevos pedidos de otorgamiento de una pensión y hay en estudio otros 600.000.
Debe tenerse en cuenta que, como en el caso de la mayoría de las jubilaciones, los haberes por pensión a la invalidez son de muy bajos montos mensuales, generalmente equivalentes al 70% de una jubilación mínima.
Esto lleva a que en la mayor parte de los casos los destinatarios requieran de la asistencia económica de familiares o amistades para poder hacer frente a gastos que en muchos casos deben encarar como cualquier otro ciudadano.
Esto nos lleva a señalar que la condición socioeconómica tampoco debería ser limitante para la ayuda oficial.
Toda persona con invalidez física o intelectual merece gozar de la cobertura estatal, independientemente de que su familia o amistades estén en condiciones de mantenerla y asegurarle una adecuada cobertura médica.
Ser parte del sistema oficial garantiza que ante la eventual desaparición de esos familiares o conocidos la persona limitada pueda seguir manteniendo una vida digna y con suficiente respaldo. Hay personas que deberán transitar prácticamente la mayor parte de su vida con la ayuda correspondiente.
Un área de cobertura muy sensible, que requiere una adecuada pauta presupuestaria (ahora en debate en el Congreso) y que los alcances del justo recorte de gastos oficiales innecesarios no deriven en inequidades.
